Ante los señalamientos sobre el costo político que podría tener la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre las alegaciones que involucran a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, la gobernadora Jenniffer González se mostró este martes cautelosa, y evitó hacer comentarios sobre la controversia y sus posibles repercusiones.

“Estoy enfocada en lo que tengo que hacer ahora mismo. Estamos poniendo primeras piedras en proyectos de agua y tenemos otras de infraestructura de energía. Aquí estamos logrando cosas a nivel federal... No me voy a enfocar en más nada que sea el trabajo que estamos haciendo”, contestó la mandataria a preguntas de El Nuevo Día.

El Departamento de Justicia activó el lunes el término de 90 días que establece la Ley 2 de 1988 del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente(PFEI) para encaminar la pesquisa en torno a las presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes, en Yabucoa, que que, hasta diciembre, fue propiedad de la secretaria de Vivienda.

En reacción a la determinación de Justicia, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, manifestó la tarde del lunes, en sus redes sociales, que “si esto terminara en una exoneración, el precio político habrá sido demasiado caro”.

“Si fuera una acusación, entonces la peor denuncia sería que sabiendo lo que venía, no protegieron a la gobernadora. !Ni los involucrados ni los asesores de la propia gobernadora!”, abundó Rivera Schatz en su publicación.

En las pasadas semanas, González ha resaltado que los señalamientos contra Pérez Peña son previos a su jefatura en Vivienda. Pero el lunes, la jefa de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia, Sonia Martínez, indicó que la pesquisa se centra en señalamientos realizados antes y durante la incumbencia de la funcionaria en la secretaría de la agencia.

“Habiendo tantas cosas importantes por discutir, no voy a caer en comentarios de nadie”, insistió la mandataria, en un aparte con este medio, durante un reconocimiento a estudiantes de excelencia académica en La Fortaleza.

En un comunicado de prensa, Justicia indicó el lunes que “solicitó” los 90 días para determinar si hay “causa para investigar” y enviar el caso al PFEI. Una vez culminada su pesquisa en la DIPAC, la dependencia determinará si se recomienda o no la designación de un FEI para que evalúe el informe que someta Justicia relacionado con el caso.

La investigación surge de un referido de los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas. La DIPAC evaluó la declaración jurada presentada junto con el referido, y comunicó que necesita recopilar prueba documental y testifical adicional para determinar si podría constituir o no delitos a la función pública. Entre los potenciales entrevistados, hay funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, confirmó Martínez.

“Todo se ha hecho en orden. Fortaleza no ha tenido ninguna intervención, y entendemos que todos los abogados de Justicia son oficiales públicos de primer orden, y no tenemos por qué dudar en la competencia de ellos”, manifestó este martes el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, al ser cuestionado sobre el tema durante la sesión bisemanal “En récord”.