La gobernadora Jenniffer González convirtió cinco medidas en leyes, informó este sábado La Fortaleza, incluyendo una con el objetivo de establecer mecanismos necesarios para confirmar que las personas que ejerzan como entrenadores deportivos de los niños estén libres de sustancias controladas en su organismo.

En virtud de la nueva Ley 59-2026 –Proyecto de la Cámara 435, de la autoría del representante José Aponte Hernández y que enmienda la Ley 6-2011–, se requerirá una prueba negativa de detección de sustancias controladas a toda persona interesada en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos, adscritos al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), así como a federaciones deportivas en que participen menores hasta los 18 años. La persona deberá costear dicha prueba.

Con el estatuto, se faculta al DRD a administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas a todo entrenador de manera aleatoria durante la vigencia de su licencia.

Según La Fortaleza, las leyes recién firmadas atienden desde aclarar y actualizar el marco normativo de varios estatutos, procurar la transparencia y seguridad en la función pública y reconocer las entidades que contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos. A continuación, un desglose:

De la autoría del representante Ángel Morey Noble.

Enmienda la Ley 151-2004 (Ley de Gobierno Electrónico) para consolidar y modernizar la política pública que obliga a las agencias a informar y educar a la ciudadanía sobre proyectos que afectan servicios esenciales, utilizando herramientas digitales para garantizar mayor transparencia y uniformidad. Debido a esto, la Ley 98-2002, conocida como Ley de Información de Educación e Información al Usuario de Servicios Gubernamentales, se vuelve obsoleta, por lo que también la medida la deroga.

Se establece que las agencias y corporaciones públicas deberán crear programas formales de educación e información sobre proyectos de infraestructura o mejoras que impacten servicios esenciales como agua, luz o transporte. Esto incluye publicar detalles específicos (ubicación, alcance, duración e impacto) y notificar con, al menos, 30 días de anticipación, o 48 horas en casos excepcionales, además de monitorear los efectos durante la ejecución.

De la autoría de los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Morey Noble, y la coautoría de Ángel Peña Ramírez y Joe Colón Rodríguez.

Declara el 15 de mayo de cada año como el “Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico”, a los fines de exaltar dichas organizaciones y agradecer su continua labor por enaltecer el servicio público, tanto individual como colectivo.

Este proyecto reconoce la trayectoria histórica y el compromiso social de las fraternidades y sororidades en Puerto Rico. La creación de un día oficial fortalece la visibilidad de su aportación al servicio público, la educación y la formación de líderes.

De la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Enmienda la Ley 4-1971 (Ley de Sustancias Controladas) para actualizar y precisar el lenguaje para evitar discrepancias entre las facultades y obligaciones que le fueron otorgadas al Departamento de Salud conforme a la Ley 67. Los artículos enmendados todavía hacían referencia a que era el jefe de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción quien tiene la facultad para investigar toda violación de naturaleza criminal o administrativa a la ley

De la autoría de Méndez Núñez y la coautoría de Pedro Santiago Guzmán.

Enmienda la Ley 95-1963 (Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos) para corregir un error técnico, añadir a los funcionarios y empleados del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Educación en la definición de “empleado”, con el fin de conformarla al estado de derecho vigente, y restablece la facultad de Educación de negociar directamente planes de salud.