Yauco - Tras reunirse temprano este martes con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la gobernadora Jenniffer González reconoció que hay áreas puntuales del presupuesto del próximo año fiscal, como el descuadre en la Administración de Seguros de Salud (ASES), que preocupan al ente que controla las finanzas públicas y que deben ser revisadas cuanto antes por el Ejecutivo y la Legislatura.

“La próxima semana, nos vamos a reunir, previo a la evaluación del presupuesto, los presidentes de los cuerpos legislativos y la Junta para revisar todo lo que queda. Obviamente, hay una preocupación con esta información de ASES, que no fue incluida por el actuario, o sea, que el actuario falló a su deber”, afirmó la gobernadora durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, y su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Reiteró que el descuadre de la ASES, de $109 millones para el año fiscal 2025-2026, no le fue informado en el proceso de transición con la administración de Pedro Pierluisi.

La semana pasada, la JSF advirtió al gobierno sobre el descuadre causado por un alza mayor a la proyectada en las tarifas contractuales de las aseguradoras que gestionan el Plan Vital.

La mandataria señaló que también hay otros temas sobre la mesa en torno al presupuesto, como el pago de horas extras a la Policía, las finanzas de los municipios, el pago de pensiones a jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e igualmente a terapistas que prestan servicios al Departamento de Educación, así como la reforma contributiva.

“Así que nosotros tenemos que tomar una decisión sobre eso”, manifestó.

“Yo quiero tener la oportunidad, con los presidentes del cuerpo legislativo de discutir el alcance de cada uno de ellos para poderle dar al gobierno de Puerto Rico un presupuesto balanceado, y esa reunión será temprano la semana que viene”, anticipó.

González indicó que, en la reunión que sostuvo con los miembros de la JSF en La Fortaleza, se le mostró “una proyección” del impacto presupuestario del descuadre en la ASES más allá del próximo año fiscal.

“La cifra exacta todavía no se tiene, porque la Junta se iba a reunir hoy (martes) con los actuarios que les habían mentido originalmente, así que no tenemos ni siquiera cuánto es el desfase de ASES. Así que, una vez la Junta certifique la información con los actuarios que le mintieron el gobierno, pues, tendremos una fecha, una cantidad”, afirmó.

No descartó que, tras la evaluación del presupuesto, haya un “realineamiento de partidas”.

Las expresiones de la gobernadora se produjeron tras un encuentro con alcaldes del sur y jefes de agencia, en Yauco, en el que discutió asuntos relacionados con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y con los esfuerzos de reconstrucción tras los terremotos del 2020. En la reunión, participaron los presidentes de ambos cuerpos legislativos.

“A diferencia de mi primera presidencia, yo creo que esta es la mejor temporada de comunicación que tenemos con la Junta de Supervisión Fiscal. Tenemos comunicación todas las semanas”, puntualizó Méndez.

En cuanto a los municipios, tanto la gobernadora como Rivera Schatz dijeron que, en la resolución del presupuesto, se detallará el desglose de los $387 millones que anunció González durante su Mensaje de Situación de Estado del País el pasado jueves.

“Ahí va a estar, con nombre y apellido, cada partida, cada una desglosada. Las partidas que están englobadas, que es uno de los planteamientos que decía el compañero presidente de la Cámara y que se le fue traído a la gobernadora, pues se discutirán”, dijo Rivera Schatz.

A preguntas de El Nuevo Día, la mandataria comentó que no se inclina a favorecer una iniciativa impulsada por la Junta de Gobierno del CRIM y trabajada por la Asociación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos municipales populares, para crear un consorcio de municipios del sur que sirva como plan piloto para identificar evasores de impuestos a la propiedad mueble e inmueble.

Esta iniciativa, como constató este medio mediante cartas del CRIM y la Asociación de Alcaldes, requiere una porción de los $66 millones que resguarda la JSF hace tres años y que inicialmente estaban destinados para la creación de consorcios municipales.

Sin embargo, la gobernadora dijo que los $66 millones, al igual que otros $35 millones presupuestados, contempla distribuirlos entre los municipios con problemas fiscales. Puntualizó que, durante la reunión, le presentaron el plan piloto propuesto.

“Nosotros la vamos a evaluar con seriedad. Los alcaldes quieren aumentar su recaudo municipal, y nosotros entendemos eso. Yo creo que parte de las medidas que están ante la Asamblea Legislativa van a estar allegando dinero a los municipios al facilitar que se pague a través del CRIM y esas remesas les lleguen directamente, como parte de la reforma contributiva. Pero eso lo vamos a evaluar. No puedo decirte que estoy a favor de la medida, la tengo que discutir porque tiene un impacto fiscal”, destacó.

Mientras, el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, recalcó a El Nuevo Día que “apoyan” el proyecto piloto.

“Tenemos un plan B si eso no se da. El plan B es hacerlo a través de los recursos del CRIM, y meterle recursos y el personal que necesita”, afirmó Colón Berlingeri, quien estimó que se necesitan $4 millones para el plan piloto.

De inmediato, González anunció la asignación de $17 millones de reasignaciones federales que estaban disponibles en el Departamento de la Vivienda para diversos proyectos en 13 municipios del sur. Por ejemplo, $4.2 millones irían a Peñuelas para proyectos de desarrollo económico.

Además, para acelerar los proyectos de reparación, relocalización o nueva vivienda para familias afectadas por los terremotos, Vivienda abrirá una subasta para “añadir más contratistas locales que puedan encargarse de las reparaciones o reconstrucciones parciales o incluso nuevas viviendas”.