El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, cuestionó este miércoles la propuesta anunciada por la gobernadora Jenniffer González para eximir del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) las compras de alimentos preparados en restaurantes durante noviembre y diciembre.

La iniciativa de González busca aliviar el impacto de los elevados costos de la electricidad, que se mantendrán vigentes, al menos, hasta finales de año.

En una extensa carta dirigida a la gobernadora y a los presidentes de los cuerpos legislativos, Mujica sostuvo que suspender el IVU durante dos meses para los alimentos preparados atiende un síntoma, pero no la causa del problema: la falta de generación de electricidad a menor costo.

“La propuesta no se planteó durante nuestra reunión del miércoles, 21 de octubre de 2026, celebrada apenas dos días antes de su anuncio. Es la segunda vez en el año calendario en curso que se anuncia una medida de alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, antes de determinar su costo o analizar su efecto en el presupuesto certificado y en el plan financiero a cinco años. El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”, lee la carta firmada por Mujica.

Según el director ejecutivo de la JSF, los precios de la electricidad disminuirán cuando baje el costo del combustible o cuando Puerto Rico incorpore nuevas fuentes de generación más económicas. Entre estas mencionó los proyectos de energía renovable que llevan años en etapa de planificación, la conversión de las plantas existentes a gas natural y la instalación de nueva capacidad de generación a base de ese combustible.

“Una suspensión temporal del IVU no cambia el precio de la electricidad, un precio que los restaurantes seguirán enfrentando cuando venza la suspensión el 31 de diciembre de 2026. El alivio temporal no sustituye una reforma contributiva, así como tampoco la sustituye hacer uno que otro ajuste de tarifa”, argumentó Mujica.

El funcionario también instó al Gobierno a entablar un “diálogo productivo” para encontrar soluciones fiscalmente responsables a los retos actuales.

“Puerto Rico precisa de una ley. Las salvaguardas que se anuncian, pero que nunca se promulgan, no son salvaguardas y transmiten a los contribuyentes y a los mercados de capital el mensaje de que Puerto Rico no ha cambiado. El panorama fiscal no ha mejorado”, agregó.

En la misiva de cuatro páginas, Mujica explica que la Junta de Supervisión “comprende plenamente” el interés de brindar alivio a las familias y negocios, de cara al aumento en los precios de energía. Del mismo modo, en el documento se hace un recuento de algunas de las acciones tomadas por el cuerpo federal, como la aprobación de $554 millones en alivio contributivo para los trabajadores y la clase media de Puerto Rico mediante la Resolución Conjunta 6-2026, que, según el ejecutivo, se financió en su totalidad con fuentes no recurrentes identificadas.

Igualmente, Mujica recuerda el momento en el que la gobernadora anunció este fondo y el señalamiento del cuerpo fiscal de que conceder un alivio contributivo no recurrente sin establecer salvaguardas permanentes indicaría que Puerto Rico no ha institucionalizado los cambios necesarios para evitar las prácticas que provocaron su crisis fiscal.

“El alivio se concedió. Las salvaguardas no se establecieron. La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad los Proyectos de la Cámara 1261 y 1262 en junio con enmiendas que la gobernadora no había aceptado, y las medidas quedaron sin convertirse en ley sin la firma de la gobernadora. Los proyectos de ley se reintrodujeron durante la presente sesión legislativa como los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392 y aún no han avanzado en su trámite. Puerto Rico continúa sin un fondo de estabilización presupuestaria financiado y establecido por ley, sin un fondo de capital dedicado y sin el plan financiero a cinco años exigido por ley”, lee la carta.

Mujica sostiene que la JSF está dispuesta a trabajar con la gobernadora y la Legislatura para promulgar la ley durante esta sesión, destacando que las salvaguardas que se anuncian pero no se promulgan, reducen la confianza de los contribuyentes y los mercados de capital, y denotan que “Puerto Rico no ha cambiado”.

En otro segmento de la carta, el administrador de la JSF dice que “el panorama fiscal no ha mejorado”. A esto añade que los recaudos contributivos se han mantenido prácticamente fijos durante cuatro años fiscales consecutivos, la economía se ha desacelerado y los ingresos ya no generan los superávits que el Gobierno podía utilizar en años anteriores, argumentando, también, que los recursos restantes están restringidos o comprometidos.

“Al mismo tiempo, se siguen proponiendo nuevos gastos recurrentes sin identificar fuentes recurrentes para sufragarlos”, reza la misiva.

Para sustentar su argumento, menciona entonces una serie de acciones del gobierno que ejemplifican justo lo que la junta señala y critica.

Mujica aludió a la legislación presentada para aumentar beneficios de pensión con un impacto de $230 millones anuales, anunciado menos de dos meses antes de certificarse el presupuesto fiscal para 2027. Del mismo modo, señalan el caso de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico, que tiene ante su consideración múltiples convenios colectivos que incluyen aumentos salariales negociados, cuyo costo estimado supera los $100 millones, sin que se hayan identificado las fuentes de financiamiento correspondientes.

La situación, según Mujica, se extiende al Departamento de Educación, que ha informado que no cuenta con suficientes fondos para cumplir con sus obligaciones actuales, al igual que al aumento recién anunciado a los salarios de la Policía de Puerto Rico, que, aunque se trabajó de la mano de la Junta, el pago de horas extra continúa excediendo el presupuesto sin que se haya identificado una fuente de fondos para cubrirlo.

Finalmente, la Junta menciona la falta de un plan de contingencia para atender la posible brecha de financiamiento que resulte del vencimiento de fondos federales para Medicaid en el año fiscal 2028.

“La práctica de anunciar primero medidas de alivio y gastos, para luego identificar su financiamiento, sin contar con un plan financiero a cinco años balanceado, fue la práctica que condujo a Puerto Rico hacia la quiebra, y no hacia la prosperidad. Si el Gobierno y la Asamblea Legislativa desean cumplir con el mandato de PROMESA de responsabilidad fiscal, lograr un acceso adecuado a los mercados de capital, y dar fin a la labor de la Junta de Supervisión, deben tomar este ejercicio con la seriedad que requiere”, dijo Mujica, quien también realizó una serie de solicitudes al gobierno para atender la serie de conflictos que mencionan.

“La Junta de Supervisión solicita a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa que colaboren con ella para: (i) promulgar como ley los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392 durante la presente sesión legislativa; (ii) suplementar la Determinación Administrativa propuesta, identificando las fuentes específicas de financiamiento no recurrentes que compensen la totalidad de su costo e incluyendo un análisis de su efecto sobre el presupuesto certificado; y (iii) comenzar una discusión seria sobre una reforma contributiva integral y la elaboración de un plan financiero a cinco años que contemple las presiones descritas anteriormente, de modo que el alivio concedido pueda perdurar”, concluye el documento.

La propuesta anunciada por González, como alivio energético, “entraría en vigor como determinación administrativa del secretario de Hacienda”.

Durante el trimestre de octubre a diciembre, la tarifa residencial de electricidad asciende a 33.86 centavos por kilovatio hora (kWh), la cifra más alta registrada desde 2020. Aunque el aumento de más de cinco centavos por kWh entró en vigor a principios de octubre, la propuesta se someterá a la JSF cuando falte cerca de una semana para el inicio del período de exención contributiva propuesto por la administración de González.

“Nos mantenemos evaluando otras iniciativas que pudieran llegar y convertirse en legislación, por lo que están sobre la mesa otros posibles créditos que nos ayudarían a mitigar este posible impacto. Una vez las tengamos, y tendremos reunión la semana que viene nuevamente con la JSF y parte de este equipo para discutirlas, vamos a seguir trabajando sobre el tema”, dijo González durante un mensaje transmitido en sus plataformas de redes sociales.

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