Tras la aprobación de la medida en la Asamblea Legislativa, el exgobernador Alejandro García Padilla pidió este miércoles a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el proyecto de reforma judicial, al considerar que presenta deficiencias jurídicas y que “está mal redactado”.

El licenciado y analista político del Partido Popular Democrático (PPD) reaccionó al Proyecto del Senado 1096, que pasó a la consideración de la gobernadora en La Fortaleza. La mandataria tiene hasta el 4 de noviembre para firmarlo y convertirlo en ley o vetarlo.

“Yo creo que debe vetarlo por dos razones. Jurídicamente, el proyecto está mal redactado y, políticamente, yo creo que no tiene por qué consentir un proyecto mal redactado cuando la Legislatura ha sido su enemiga. Pero políticamente a ella no le conviene tampoco porque está, al fin y al cabo, concediéndole la gobernación a Thomas (Rivera Schatz) en lo que queda de cuatrienio”, dijo.

En resumen, la medida, entre otras cosas, propone cambiar la forma en que se nombran los jueces administradores y eliminaría el cargo de jueces municipales, que pasarían a ser jueces superiores. Además, delegaría en el pleno del Tribunal Supremo –no en la figura de la jueza presidenta– la designación de jueces regionales, entre otros puestos.

Al preguntársele sobre el impacto que tendría la medida en el sistema judicial si se convierte en ley, García Padilla advirtió que la Rama Judicial sería la única administrada por un grupo de personas en lugar de una sola figura.

“Sería la única rama de gobierno que sería administrada por un grupo de personas y no por una persona. Todo cuerpo necesita una cabeza, no dos, ni tres, ni nueve. El Senado lo administra una persona, la Cámara una persona, La Fortaleza una persona y el Tribunal Supremo, el juez presidente, pues claro. Ahora bien, es un mal precedente”, comentó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Al plantear un escenario en el que el presidente del PPD y actual comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, prevalezca en las elecciones generales de noviembre de 2028, el exmandatario añadió un tercer argumento a su oposición a la reforma judicial.

“Lo que por ley se da, por ley se quita. Entonces, ¿están forzando a Pablo Hernández en dos años y dos meses a presentar un proyecto de ley para cambiarlo todo otra vez? Y hacerlo de acuerdo a lo que dice la Constitución", dijo.

“Si yo fuera juez, me ofendería, porque los senadores del PNP (Partido Nuevo Progresista) hablan como si ya estuviera todo hablado (si la controversia llegara a los tribunales). Como si ya, como si ellos fueran dueños de la conciencia jurídica de los jueces. Y si yo fuera juez, me ofendería con esas aseveraciones que hacen en el Senado”, agregó.

Cuestionado sobre si conoce de jueces, fiscales e incluso abogados que no están de acuerdo con la reforma judicial, contestó: “Me consta que hay jueces que no están de acuerdo con esto, que hay fiscales que no están de acuerdo con esto. PNP, ‘by the way’, nombrados por la administración del PNP. Porque fueron a la Escuela de Derecho y saben que esto trastoca el orden constitucional. Porque la Constitución dice lo que dice”.

De esta forma, reaccionó a las expresiones que hizo el portavoz alterno de la mayoría del PNP en el Senado y legislador por el Distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, durante una entrevista en el programa “Lo de Hoy”, que transmite El Nuevo Día de lunes a jueves a las 8:00 a.m.

En síntesis, Morales defendió la reforma aprobada y cuestionó las expresiones de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, sobre la medida, al plantear que, si entiende que es inconstitucional, debe acudir a los tribunales para impugnarla.

“La pregunta que yo me hago es si otro juez pudiera hacer las mismas expresiones que ella hizo. Yo tengo un serio cuestionamiento. Me imagino que de inmediato refieren a Ética a este juez por haber hecho ese tipo de expresiones. Y aquí no podemos tener doble vara, tenemos que tener una sola. Así que, la señora presidenta, si entiende que este proyecto es inconstitucional, usted tiene los tribunales, los remedios, usted los conoce muy bien, acuda a ellos”, puntualizó Morales en declaraciones a este medio.

En respuesta a estas expresiones, García Padilla -quien nominó en el 2016 a Oronoz para presidir el Supremo- indicó que, “en primer lugar, en cuanto a ese último tema, me es tan curioso que los senadores no sepan que el propio Senado le pregunta a los tribunales todos los días si favorecen o se oponen a proyectos de ley y los tribunales todos los días se expresan al respecto. No solo eso, ellos en el Senado han invitado jueces a que vayan al Senado y den conferencias y han opinado sobre este proyecto”.

“Me es curioso que haya senadores que no sepan eso. ¿Verdad? Es tan básico. O sea, que ahí no hay ninguna violación ética y no podría haberla. Además, me es curioso que haya estadistas que no conozcan el concepto de separación de poderes”, comentó. “Ahí usted tiene el concepto de separación de poderes. Claro que una rama puede opinar sobre los quehaceres de la otra”, subrayó.

En cuanto al contenido del proyecto, García Padilla sostuvo que “está mal hecho” y contradice lo que, a su entender, establece la Constitución de Puerto Rico.

Para ilustrar su argumento, comparó esa estructura con la de la Legislatura, donde los presidentes del Senado y de la Cámara toman decisiones administrativas, como la designación de personal y la distribución de las presidencias de las comisiones, sin que estas recaigan en el pleno de cada cuerpo legislativo. Por ello, insistió en que la gobernadora debe vetar el proyecto.

“(Por ejemplo) va contra lo que dice la Constitución, que el pleno (del Supremo) aprueba las reglas y las administra el juez presidente, igual que en el Senado, que el pleno aprueba las reglas y nadie le puede decir al presidente del Senado quién va a ser el director de Recursos Humanos. Nadie le puede decir al presidente de la Cámara quién va a ser el director de la Oficina de Secretaría”, dijo.

“(Otro ejemplo es que) el pleno del Senado no decide quién preside cada comisión, lo decide el presidente del Senado. El Senado aprueba un reglamento donde establece qué comisiones va a haber y luego el presidente del Senado nombra a los miembros de esa comisión. No es el Pleno”, puntualizó García Padilla.