El portavoz alterno de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Juan Oscar Morales, insistió este miércoles en que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, debe renunciar ante los señalamientos relacionados con el proceso de contratación de la empresa NOLA Education, que han provocado investigaciones estatales y federales.

La controversia gira en torno a la propuesta de NOLA Education para implementar Star Academy, un programa educativo dirigido a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. El proyecto contemplaba un contrato de hasta $38.5 millones, financiado con fondos federales del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés). Aunque el Departamento de la Familia adjudicó el proceso a la compañía, el contrato nunca llegó a formalizarse, según la secretaria.

“Yo sí puedo decirles hoy a los que nos están sintonizando que, ante la evidencia que nosotros tenemos hoy, que todavía yo no he concluido la totalidad de esa evaluación, yo creo que hay causa suficiente para pedirle la renuncia a esta señora. Yo creo que no le hace bien al gobierno. Yo creo que no le hace bien al Departamento de la Familia”, dijo.

Durante una entrevista en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, Morales cuestionó la documentación que Roig Fuertes ha entregado a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, que investiga las gestiones relacionadas con el proceso de contratación. También denunció deficiencias en los servicios de la agencia y afirmó que recibió información de que un niño de siete años presuntamente llevaba dos días pernoctando en una oficina regional del Departamento de la Familia en Arecibo.

“Yo te tengo que decir que yo recibo llamadas de empleados del Departamento de la Familia. Hay una desmotivación brutal”, expresó Morales.

Entrando de lleno a la controversia que involucra a la titular de Familia y las respuestas que ha brindado, indicó que han sido “muy livianas”. Reveló, además, que quedan documentos pendientes por entregar que, a su juicio, son necesarios para tener una perspectiva más amplia de lo ocurrido.

Uno de los asuntos que el senador señaló fue la cantidad de propuestas que LAP Consulting Group informó haber evaluado, en comparación con las que presuntamente facturó por ese trabajo.

“Lo más que a mí me preocupa en estos momentos es una información que le hemos requerido por parte de LAP Consulting. Esta es la compañía que evaluó las propuestas de NOLA (Education), esta es la compañía que evaluó las propuestas no sometidas de Coccoloba, y que en sus facturas han incluido que ellos han evaluado 20 propuestas. La secretaria le emitió una certificación al Senado de Puerto Rico donde dice que ellos solamente, LAP Consulting ha evaluado 16 propuestas”, agregó el senador.

En ese contexto, Morales señaló que existe “una gran duda” por la discrepancia entre las 16 propuestas que, según la certificación del Departamento de la Familia, evaluó la firma y las 20 por las que facturó. Al preguntársele quién debía aclarar la diferencia, respondió: “Bueno, la van a tener que proveer ellos”.

El legislador explicó que, aunque la secretaria entregó una lista con los nombres de las propuestas evaluadas, todavía no ha suministrado las hojas de trabajo utilizadas por la firma consultora para realizar las evaluaciones.

“Lo que pasa es que nosotros le hemos solicitado a la secretaria, mire, entréguenos, y lo hizo, una lista de los nombres, de las propuestas que evaluó, pero en adición a eso, le hemos pedido las hojas de trabajo que se utilizaron en esas 20 o 16 propuestas que se evaluaron. Eso no lo ha dado. Y para mí es muy importante saber la designación que se hizo, para qué eran las propuestas. Falta ahí una información inconclusa, ¿verdad? Y es lo que nosotros hemos obtenido”, aseveró Morales.

La controversia sobre las propuestas también involucra a Coccoloba AgroEnvironmental LLC y Litoral Vivo Corp., las otras compañías que figuran en el proceso. Coccoloba ha negado haber presentado una propuesta para competir por el proyecto y sostiene que comunicó al Departamento de la Familia que no participaría. La empresa y su presidente, Christian W. Torres Santana, presentaron una demanda civil por $2.5 millones contra Roig Fuertes, LAP Consulting Group, el Gobierno y otros involucrados en el proceso. Hay que destacar que estas alegaciones forman parte de una reclamación judicial y no constituyen, por sí solas, determinaciones de responsabilidad.

Morales también cuestionó la relación laboral entre el propietario de LAP Consulting, y empleados de la firma que, según dijo, también trabajan en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

“Entonces, yo me tengo que preguntar y cuestionar si aquí hay unos conflictos de intereses, si aquí pudiéramos estar violentando la Ley de Anticorrupción, porque sabemos que la Ley de Ética no cobija a los contratistas, pero pudiera estar incurriendo en algún otro tipo de violación. Y para mí es bien importante aclararlo”, dijo.

El senador indicó que solicitó al Departamento de Hacienda una certificación para determinar si LAP Consulting cumplió con la radicación de las declaraciones informativas 480 correspondientes a esos empleados. Según explicó, el requerimiento vence este viernes. “Que vuelvo y recalco, quiero hacer bien énfasis con eso. Son empleados de LAP, pero también son empleados de ASSMCA”, añadió.

Los cuestionamientos sobre la firma consultora se suman a otras interrogantes surgidas durante las vistas senatoriales sobre el proceso de evaluación, las gestiones para formalizar el contrato y el posible uso de fondos federales.

La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina, declaró ante el Senado que Roig Fuertes la presionó para que firmara el contrato de Star Academy, mientras que la secretaria ha defendido su gestión y ha rechazado que se concretara un desembolso para NOLA Education.

Además de la investigación legislativa, el caso está bajo pesquisa del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

En medio de toda esta situación, un reportaje investigativo de El Nuevo Día reveló que Pedraza, propietario de la empresa LAP Consulting Group que conformó un equipo de trabajo para el proceso competitivo que desembocó en la adjudicación de un contrato a NOLA Education, se reunió, al menos, en dos ocasiones con el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech, según consta en su facturación a la ASSMCA, de donde es contratista.

“Yo quisiera tener la oportunidad de poder entrevistar a Luis Pedraza para que nos diga cómo una persona que está contratada por servicios profesionales en ASSMCA tenía constante comunicación con la Secretaría de la Gobernación, sosteniendo reuniones”, subrayó.

Morales rechazó la postura del Departamento de la Familia de que no hubo desembolsos de fondos públicos ni irregularidades en el proceso de contratación y cuestionó que la gobernadora mantenga su respaldo a la secretaria.

El senador señaló que el viaje a Luisiana relacionado con el proyecto implicó el uso de fondos públicos y cuestionó que, desde octubre de 2025, un bufete externo ya mencionara a NOLA Education en una opinión legal sobre la viabilidad de concederle un adelanto económico, antes de que se abriera el proceso competitivo. A su juicio, esto apunta a que la contratación estaba encaminada de antemano.

También sostuvo que existía un borrador de contrato que fue revisado en varias ocasiones y que el acuerdo no se concretó porque los exjefes de la ADSEF, Ramón Burgos y Medina, se negaron a firmarlo. Afirmó que continuará investigando el caso y que ha recibido entre 50 y 60 llamadas de personas con quejas similares sobre la agencia.

Ante estos señalamientos, el senador reiteró su petición de que la gobernadora solicite la renuncia de Roig Fuertes y le pidió evaluar la documentación recopilada por el Senado antes de tomar una decisión.

“La gobernadora debe evaluar, reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que ella debe tener acceso a los documentos que en el Senado hemos posteado (sic) en nuestra página y debe llegar a su propia conclusión, afirmó. “La señora gobernadora, mi petición es que, por el bien de Puerto Rico, por el bien de su administración, debe acelerar la salida de esta señora lo antes posible”, puntualizó.