El portavoz alterno de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Juan Oscar Morales, defendió la reforma judicial aprobada por la Legislatura y cuestionó las expresiones de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, sobre la medida, al plantear que, si entiende que es inconstitucional, debe acudir a los tribunales para impugnarla.

Durante una entrevista en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, Morales sostuvo que respalda la legislación y rechazó que la controversia se resuelva mediante presiones públicas dirigidas a la gobernadora Jenniffer González Colón para que vete el proyecto. A la pregunta de si la mandataria debe rechazar o no la medida, el senador por el Distrito de San Juan fue categórico en su respuesta.

“Eso recaerá (en ella). Esa es una responsabilidad que recaerá en ella. Ella tendrá que explicar si eso sucediera. Yo creo que no (debe vetar la reforma judicial). Yo le voté a favor a este proyecto. Creo en el proyecto”, dijo.

Las declaraciones surgen en medio de la controversia por la reforma judicial y las objeciones planteadas por Oronoz Rodríguez, quien ha advertido que la legislación podría ser contraria a la Constitución y que no ha descartado recurrir a los tribunales si la medida se convierte en ley.

La jueza presidenta también ha pedido a la gobernadora que vete el proyecto, al expresar preocupaciones sobre sus posibles efectos en la administración de la Rama Judicial.

Morales planteó dudas sobre la dimensión ética de las expresiones públicas de la presidenta del Tribunal Supremo en torno a una medida legislativa que afecta la estructura de la Rama Judicial. El senador preguntó si otro juez podría realizar declaraciones similares sin exponerse a cuestionamientos éticos y sostuvo que las normas deben aplicarse de manera uniforme dentro del sistema judicial.

“La pregunta que yo me hago es si otro juez pudiera hacer las mismas expresiones que ella hizo. Yo tengo un serio cuestionamiento. Me imagino que de inmediato refieren a Ética a este juez por haber hecho ese tipo de expresiones. Y aquí no podemos tener doble vara, tenemos que tener una sola. Así que, la señora presidenta, si entiende que este proyecto es inconstitucional, usted tiene los tribunales, los remedios, usted los conoce muy bien, acuda a ellos”, puntualizó Morales en declaraciones a este medio,

Por su parte, Oronoz Rodríguez se mostró confiada en que la primera ejecutiva del país vetará la medida.

“La posición que tenemos sobre el proyecto fue manifestada a la gobernadora… Yo percibí apertura de múltiples espacios. Mi llamado a la gobernadora, y también ha sido público –yo no hago nada tras bastidores–, ha sido a que vete el proyecto por las razones que le hemos expuesto”, dijo la jueza presidenta, tras una conferencia de prensa en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

Cuestionada por El Nuevo Día sobre si ha obtenido respuesta de la gobernadora, respondió: “Hemos tenido conversaciones, múltiples conversaciones”.

“Esto no empezó esta semana. Yo he tenido conversaciones, igual que las tuve con el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz), el presidente de la Cámara de Representantes (Carlos “Johnny” Méndez). También he tenido reuniones con la gobernadora. Vamos a esperar a ver qué está en su facultad: firmarlo o vetarlo. Yo hago mi exhortación y explico las razones por las cuales (me opongo)… La decisión, obviamente, es de la gobernadora”, puntualizó Oronoz Rodríguez.

Fue el pasado 22 de octubre cuando el Senado concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al controvertido proyecto, que ahora está ante la gobernadora para su firma y eventual conversión en ley o, en su defecto, para que ejerza su poder de veto.

En resumen, el Proyecto del Senado 1096, entre otras cosas, propone cambiar la forma en que se ha nombrado a los jueces administradores por las pasadas décadas y eliminaría el cargo de jueces municipales, que pasarían a ser jueces superiores. Asimismo, busca delegar funciones de designación de jueces regionales y otros puestos al pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico.