El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, defendió este martes el proceder de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante los informes periodísticos de que gestionó la adjudicación de un contrato de $38 millones, que se financiaría con fondos federales, a una compañía de Luisiana para encaminar una iniciativa académica que el Departamento de Educación y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) habían determinado que no era necesaria.

“La secretaria de la Familia entendía que había que auscultar la evaluación porque, quizás, pudiera tener otro tipo de costo; querían buscar un ‘assessment’ (avalúo) distinto. Se hace según ella (Roig Fuertes) expresó. Lo importante es que no hubo ni un dólar de desembolso de fondos públicos. Eso no se dio. El hecho de que hayan sido proactivos en eso es bueno. Ese programa no se está implementando. Se hizo una evaluación (y) entendieron que, incluso, era una proyección de una cantidad mayor o quizás iba a tener un costo más grande implementarlo en Puerto Rico, y desistieron de seguir con eso”, afirmó Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

De acuerdo con información reportada en pasados días por TeleOnce, Roig Fuertes impulsó la contratación de NOLA Education LLC, una empresa de Luisiana que, en mayo de 2025, habría presentado una propuesta a Educación para desarrollar en Puerto Rico un proyecto bajo el programa Star Academy, que busca atender el rezago académico. Educación, sin embargo, habría rechazado la propuesta, al sostener que los componentes ofrecidos ya forman parte de su currículo, según se desprende de una comunicación a Roig Fuertes de parte de la jefa de la Adsef, Blanca Medina Díaz, con fecha del pasado 20 de mayo.

NOLA Education habría llegado al Departamento de la Familia, tras recibir la negativa de Educación, con el objetivo de auscultar si la Star Academy podría ejecutarse con fondos del programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), asistencia federal que, en Puerto Rico, maneja la Adsef. La Adsef es una de las dependencias bajo la sombrilla de Familia.

La carta de Medina Díaz señala que NOLA Education propuso establecer su programa en 25 planteles públicos para impactar a un promedio de 80 alumnos por escuela, o un total de 2,000 estudiantes que se consideraran en riesgo de quedar rezagados académicamente o desertar el sistema público.

“Es parte del ‘request for information’ (solicitud de información) y procesos normales de las agencias. No hubo desembolso de fondos públicos, se evaluó, se consideró y se entendió –y qué bueno que fue así– que no hubo que gastar dinero en un programa que no hacía falta. En el gobierno de Puerto Rico, y es justo contextualizarlo, se hacen solicitudes de información y se evalúan diferentes propuestas de muchas cosas y eso no quiere de decir que se están adjudicando ni haciendo desembolso de fondos públicos”, insistió Peña Payano, al indicar que Familia estaría emitiendo expresiones adicionales próximamente.

Según TeleOnce, como parte de sus gestiones para adelantar la implantación del programa, Roig Fuertes acudió directamente a otras compañías para invitarlas a licitar, a pesar de que supuestamente carecían de la capacidad o pericia en materia de rezago académico.

El 5 de junio, en respuesta a los primeros informes periodísticos, Familia sostuvo que oficiales de la agencia, junto con funcionarios de Educación, La Fortaleza y la Administración de Asuntos Federales, acudieron a Luisiana “para conocer de primera mano los resultados alcanzados por el programa (STAR Academy), su funcionamiento operacional y las experiencias de los jóvenes participantes”, en un viaje sufragado con fondos federales “autorizados para ese propósito”.

Luego, como parte del análisis sobre la elegibilidad de recurrir a fondos TANF, Familia pidió a Educación “información sobre proveedores con experiencia en servicios comparables y se emitió una solicitud de información (RFI, en inglés) a más de 45 entidades identificadas”.

“Tras el proceso de evaluación realizado por un comité evaluador externo, se notificó una adjudicación preliminar del RFI”, indicó Familia, agregando que, debido a que “el alcance originalmente contemplado para el proyecto había cambiado sustancialmente”, “se concluyó que las condiciones originales del proceso ya no eran comparables con la realidad programática y presupuestaria vigente”, resultando en la cancelación del proceso de licitación.

A lo largo de los pasados meses, Roig Fuertes se ha defendido de señalamientos vinculados a sus gestiones como funcionaria del Departamento de Salud, entre 2021 y 2022, cuando supuestamente impulsó irregularmente la subcontratación de una empresa de seguridad para brindar servicios a un participante del programa de salud mental que tenía a su cargo. Tanto el Departamento de Justicia como el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente descartaron presentar cargos en relación con esas controversias.