El Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS) advirtió del efecto nocivo que las elevadas tarifas eléctricas tienen sobre las operaciones de hospitales, hospicios y otros centros de salud, al reclamar al Negociado de Energía (NEPR) que le conceda una audiencia para profundizar sobre los peligros a los que se exponen estas instalaciones.

“Un aumento en la tarifa de energía eléctrica, sin las debidas salvaguardas y consideraciones para el sector salud, tendría un impacto directo y severo en los costos operacionales de nuestras instituciones, lo que podría traducirse en una reducción de servicios, limitaciones en el acceso a la atención médica y una mayor carga económica para los pacientes puertorriqueños, en un momento en que nuestro sistema de salud enfrenta retos significativos”, escribió la presidenta del CASS, Tania Conde Sterling, en una comunicación a su homólogo del NEPR, Edison Avilés Deliz.

La carta –con fecha del 23 de octubre– alude al “propuesto aumento” en las tarifas de electricidad. Tras el alza que entró en vigor a inicios de octubre a consecuencia del más reciente ajuste por combustible trimestral, LUMA Energy advirtió al NEPR que, en septiembre, se registró un descuadre de $48 millones entre ingresos y gastos, lo que podría dar paso a una revisión “acelerada” de la tarifa.

El NEPR, sin embargo, no está obligado a aprobar de inmediato un ajuste y, hasta la fecha, no se ha expresado en torno a la moción informativa de LUMA. La presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones, dijo la semana pasada que el consorcio no toma “postura” sobre la conveniencia o necesidad de un ajuste acelerado, mientras que Avilés Deliz se limitó a indicar a El Nuevo Día que el NEPR tenía la moción bajo “consideración”, sin adelantar si el organismo actuaría en torno a la aparente deficiencia presupuestaria.

Al momento de publicación, no se había recibido respuesta del NEPR en torno a la comunicación del CASS.

Según el CASS, sobre 800 entidades que brindan servicios de salud –universo que incluye centros de diálisis, salas de emergencia, unidades de cuidado prolongado y centros de salud mental– sufren directamente los aumentos en las facturas de luz.

“El sector de la salud es uno de los sectores más vulnerables ante cualquier fluctuación en el costo energético. Hospitales, centros de salud primaria, laboratorios clínicos, centros de diálisis, hogares de cuidado prolongado y otras facilidades de salud operan de manera ininterrumpida, 24 horas al día, siete días de la semana, y dependen de un suministro eléctrico estable y continuo para garantizar la vida y seguridad de los pacientes, preservar medicamentos y vacunas que requieren refrigeración y sostener equipos médicos esenciales”, señaló Conde Sterling.

De acuerdo con la líder del CASS, el gremio espera poder someter una “ponencia fundamentada en datos” sobre el impacto económico y operacional de los aumentos en la factura, junto a recomendaciones “para mitigar sus efectos, incluyendo la consideración de tarifas especiales, incentivos para la eficiencia energética y la adopción de energía renovable en el sector salud”.