La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, criticó este viernes a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, e insistió en que nunca existió un contrato millonario para un controvertido proyecto relacionado con la entidad.

Las expresiones de Roig Fuertes se producen en momentos en que el Senado ya hizo referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General (OIG) por denuncias relacionadas. Además, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró más temprano que continuará la investigación que realiza dicho cuerpo legislativo realiza al respecto.

En declaraciones escritas, Roig Fuertes aclaró información relacionada con el proceso administrativo para la posible contratación de servicios profesionales dirigidos al programa ‘Star Academy’ y reiteró que nunca se formalizó un contrato que generara obligación contractual, autorizara la participación en el proyecto o diera paso al desembolso de fondos públicos.

Esto ocurre en medio de la controversia que ha generado el supuesto intento de la agencia para otorgar $38 millones en fondos federales del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) a una empresa privada para implementar la iniciativa Star Academy en 25 escuelas públicas.

“Es evidente que la despedida exadministradora quiere desviar la atención de su incompetencia al frente de esta administración; no está en el cargo porque no dio el grado y ahora quiere confundir los procesos para que no se hable de que estaba poniendo en riesgo los fondos del PAN y de su actitud agresiva y amenazante”, dijo Roig Fuertes, al reiterar que no existió un contrato.

Roig Fuertes destacó que el proceso nunca culminó en un documento contractual formalizado y vigente que obligara a las partes o autorizara desembolso alguno, contrario a lo que alegó tanto Medina Díaz como el Senado, que publicó documentos relacionados.

“En el interés de no adjudicar la falta de responsabilidad y como la ex administradora estaba poniendo en juego los fondos del PAN, quieren establecer acciones que no ocurrieron”, comentó la secretaria, quien indicó que toda esta situación busca desviar la atención de las verdaderas razones de la salida de su exsubordinada.

Añadió que la existencia de documentos de trabajo o borradores preparados durante las distintas etapas administrativas no altera ese hecho. En esa línea, precisó que estos forman parte de los trámites que pueden generarse mientras se evalúa una posible contratación, pero no constituyen, por sí solos, un contrato formalizado.

Asimismo, explicó que la carta que ha sido divulgada públicamente, corresponde a una etapa del proceso competitivo. En ella, indicó, se notificó a la compañía ganadora del ‘request for invite’ que su propuesta había sido seleccionada dentro del proceso de evaluación y se indicó expresamente que posteriormente se coordinarían los pasos dirigidos a la formalización del contrato. Mencionó que el propio documento establecía que dicha formalización todavía estaba pendiente.

Posteriormente, y antes de que ocurriera la formalización contractual, según planteó, el Departamento realizó una revisión administrativa, programática y fiscal del proyecto. Como resultado, dijo, se determinó cancelar la adjudicación debido a cambios en el alcance del proyecto y en su período de ejecución.

En ese ámbito, la funcionaria afirmó que la cancelación fue formalmente notificada a los licitadores y proponentes que participaron del proceso. Abundó que la propia notificación establece que la cancelación se produjo “antes de la formalización contractual” y que no generaba responsabilidad legal ni contractual hacia los proponentes.

“Es importante distinguir cada una de las etapas de un proceso de contratación. Puede existir una convocatoria, evaluación de propuestas, una selección inicial e incluso documentos preparatorios, sin que eso signifique que finalmente exista un contrato formalizado. En este caso, el proceso fue cancelado antes de llegar a esa etapa y, por consiguiente, no hubo un contrato vigente ni desembolso de fondos relacionado con el proyecto”, expresó Roig Fuertes.

Finalmente, añadió que resulta importante examinar los documentos en su contexto y conforme a la secuencia completa del proceso administrativo. Indicó que la carta de enero pasado y la posterior cancelación en mayo no son documentos contradictorios, sino que forman parte de etapas de un mismo proceso que finalmente no culminó en una contratación.

Más temprano, Rivera Schatz cuestionó las expresiones que realizaron Roig Fuertes y la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Jenniffer Boffelli, quienes rechazaron que hubiera existido un contrato al respecto.

“Categóricamente se negó la existencia de un contrato por los $38 millones en Adsef. Las declaraciones de la Secretaría de la Familia y la directora de PRFAA aseguraron que las alegaciones sobre ese contrato eran absolutamente falsas”, dijo.

El líder legislativo señaló que el senador Juan Oscar Morales presentó copia del contrato y de una carta de adjudicación a NOLA Education, documentos que, según indicó, están disponibles en el portal oficial del Senado.

“La senadora (Wanda) Soto Tolentino continuará con la investigación senatorial sobre el Departamento de la Familia y específicamente el asunto del contrato de los $38 millones”, puntualizó el líder senatorial.