A partir de julio del próximo año, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se confeccionará a base de un manual revisado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y se le aplicará un recorte de un 5% en gastos para paliar la posible falta de fondos de Medicaid y viabilizar la propuesta reforma contributiva, afirmó este domingo el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos.

“Parte de la política presupuestaria para el 2027 es porque hay unos riesgos presupuestarios, a futuro, que queremos empezar a atender. Sabemos que (la asignación al) Medicaid vence en el 2027. Reconocemos que el secretario de Salud (Víctor Ramos) está haciendo unos esfuerzos, y a través de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico), para esa legislación federal, pero tenemos que ir atendiendo estos ciertos riesgos”, sostuvo Rivera Berríos en entrevista telefónica.

“Y, en adición, hay una reforma contributiva que se estaría presentando en su momento. Y, si hay unas reducciones de tasa, eso nos lleva a una reducción de ingresos. Tenemos que ir atendiendo, desde ahora, cómo vamos a atender esos riesgos presupuestarios”, abundó.

El presupuesto vigente (2025-26) es de $13,095 millones. La reducción de un 5% en gastos operacionales equivaldría a casi $650 millones. El gobierno federal destina $3,000 millones a la isla para el programa Medicaid, y el gobierno de Puerto Rico debe complementar esa cantidad con $1,000 millones.

“Sabemos que atender eso ahora no es viable. Por eso es que estamos ya (haciéndolo). Ya en el 2026 hay una reserva de Medicaid, que se incluyó (en el presupuesto vigente). El año que viene, tenemos que volver a crear otra”, indicó el titular de la OGP.

Rivera Berríos precisó que la reserva para Medicaid es de $300 millones este año fiscal.

Para el 2027, hay un riesgo de que los fondos de Medicaid disminuyan si las asignaciones regresan a los niveles previos a la vigencia de la Ley federal de Asignaciones Consolidadas (“Consolidated Appropriations Act,”). Ese estatuto permitió que Puerto Rico recibiera, de 2023 a 2027, más de $19,000 millones en fondos de Medicaid. Ahora, se prevé que se reduzca la cantidad, mientras que la gobernadora Jenniffer González trabaja en una reforma contributiva, cuyo costo final aún se desconoce.

Ambos asuntos están siendo considerados de cara al próximo presupuesto, que entraría en vigor el 1 de julio, al amparo del nuevo manual, indicó Rivera Berríos. Con el documento anunciado este domingo, se atienden señalamientos previos de la JSF, enfatizó el director ejecutivo de la OGP.

El manual confeccionado no solo recoge cartas circulares, sino también “guías, parámetros y prioridades que regirán la preparación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2027″.

“Anteriormente, OGP siempre emitía cartas circulares para la elaboración del presupuesto. Lo que se hizo fue unificar todas las cartas circulares y hacer un manual con unas guías específicas, pero van dirigidas, más bien, a las justificaciones. Había una falta de uniformidad“, comentó el funcionario.

A juicio de Rivera Berríos, se trata de un “momento histórico en el proceso presupuestario de Puerto Rico” porque el manual se confeccionó en colaboración con la JSF, que controla las finanzas públicas.

De acuerdo con el informe anual de la JSF, presentado recientemente ante el Congreso, el gobierno de Puerto Rico debe adoptar e institucionalizar prácticas de administración fiscal modernas, entre ellas, un calendario consolidado y vinculante para desarrollar el presupuesto.

Berríos Rivera dijo que ahora cada agencia debe proveer evidencia a tono con la solicitud presupuestaria que hagan.

“Se tienen que cumplir con unos criterios específicos de justificaciones. Si es de nómina, pues tienen que justificar el ‘roster’. Tienen que tener un plan de reclutamiento. No me pueden solicitar una petición presupuestaria diciendo que es que necesitan ocupar 200 plazas. Tienen que presentar un plan de reclutamiento. Si es para mejoras capitales, tienen que presentar un plan de gastos y un plan de inversión”, precisó Rivera Berríos.

“Estas guías están basadas en lo que hemos visto por años de cómo la Junta, cuando se hacen solicitudes y reprogramaciones solicitan estos documentos”, agregó.

El manual establece “prioridades” al momento de confeccionar el presupuesto, que incluye aspectos de salud pública, seguridad y protección de personas y propiedades, programas de educación y de bienestar público, entre otros servicios públicos.

Establece también lineamientos para cada agencia de gobierno, como eliminar fondos destinados a gastos no recurrentes, efectuar ajustes a desembolsos sujetos a fórmulas, atender cambios poblacionales, añadir recursos para nuevas necesidades, reducción de fondos y honrar compromisos. Cada presupuesto debe estar alineado con el plan fiscal certificado, establece el manual.