Los oficiales de la Policía de Puerto Rico que se hayan retirado hace cinco años o que estén a 12 meses de acogerse a la jubilación, podrán participar de un programa que facilite la transición a la vida civil, con un enfoque en las necesidades económicas, laborales y de salud mental.

Así lo recoge la Ley 220-2026, que firmó la gobernadora Jenniffer González, para crear el Programa de Transición y Reintegración Laboral de Policías Estatales Retirados de Puerto Rico, como una estructura de apoyo para los oficiales del orden público.

“El paso del trabajo policial activo a la jubilación no solo implica un cambio en lo económico, sino también en lo psicológico, emocional y social. La falta de planificación y recursos adecuados en esta etapa puede traducirse en desorientación, dificultades económicas, problemas de salud mental y una pérdida de propósito o identidad”, lee parte del otrora Proyecto de la Cámara (PC) 569, de la autoría del representante Emilio Carlo Acosta.

La legislación da seis meses a la Policía para establecer el programa que debe incluir orientación ocupacional, asistencia en la redacción de currículos, preparación para entrevistas, acceso a programas de certificación especializados, educación financiera y talleres de preparación para la vida civil.

Asimismo, integrará asistencia psicológica y emocional, servicios que serán coordinados y provistos primordialmente por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), incluyendo terapia individual y familiar.

“Este programa buscará brindar herramientas concretas a los policías que culminan su servicio activo, asegurando que su retiro no represente una desconexión del tejido social, sino una etapa de evolución y reinvención personal”, establece la ahora Ley de Transición y Reintegración Laboral de Policías Estatales Retirados de Puerto Rico.

La mandataria también estampó su firma en la Ley 221-2026, que aumenta el límite de edad para la renovación digital de licencia de conducir de 70 a 75 años. La medida busca promover la inclusión digital de los adultos mayores y optimizar los servicios del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Igualmente, González convirtió en ley el Proyecto del Senado (PS) 1208, que establece que noviembre es el “Mes de la Concienciación y Prevención de la Sexualización de los Menores de Edad”. También estampó su firma para nombrar la carretera PR-447 en San Sebastián con el nombre de Justo Medina Esteves, exalcalde pepiniano.

Asimismo, la gobernadora firmó la el PS 1140, que integra en la Ley de Servicio Público de Puerto Rico las disposiciones que regulan el transporte o carga de agregados por vías públicas para fines comerciales e industriales.

En un comunicado de prensa de La Fortaleza, se detalla que la nueva Ley 224-2026 “fortalece al sector de la construcción al proteger a los camioneros de agregados, garantizando el pago de tarifas oficiales en un máximo de 15 días, penalizando el exceso de peso y estableciendo un sistema de turnos rotativos para obras públicas”.