Desde 2021, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración tres medidas para mejorar la regulación del financiamiento de las campañas electorales y atajar, en cierto modo, el clientelismo político, tan vinculado a los casos de corrupción pública, como el del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero y otros ex ejecutivos municipales convictos por soborno.