La administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Wilma Ortiz, defendió este domingo la pesquisa que ha hecho el Departamento de la Familia en torno a las denuncias que hizo una menor de 17 años respecto a que supuestamente toda su familia la mantenía secuestrada en su residencia en Toa Baja.

“Nuestras investigaciones son guiadas por un modelo de seguridad que hay que llevarlo al pie de la letra, y eso no nos da margen de error”, sostuvo la funcionaria en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Las expresiones de Ortiz surgen luego que el abogado de la familia, Antonio Figueroa, alegara que la menor tiene “problemas emocionales”. “Habla lo que no es real”, dijo el abogado, la semana pasada, en varios medios televisivos.

El juez Rafael J. Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra cinco miembros de la familia, luego de la denuncia de la menor sobre el supuesto patrón de maltrato y confinamiento.

Los imputados en el caso son: Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor; Suhely Rivera Guzmán, de 49, su madrastra; y sus hermanastras Sheilyann Carmona Rivera, de 27; Richeily Carmona Rivera, de 30; y por último, Roselyn Carmona Rivera, de 24.

Contra el quinteto, los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Camacho Rossy presentaron un total de 15 cargos bajo la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores” y por el delito de restricción de libertad del Código Penal.

Ortiz respondió “está protegida” cuando se le preguntó si la menor estaba siendo resguardada por el Departamento de la Familia.

Cuestionada sobre otros casos de supuesto maltrato registrados en días recientes, la administradora dijo que el gobierno se dispone a reforzar sus estrategias de prevención.

“Estamos tratando de implementar nuevas estrategias, específicamente las de prevención, porque entendemos que esto es un problema que lo tenemos que atender a través de la prevención. Sí podemos reforzar, como lo hemos hecho, el recurso humano en el Departamento para que haya más personas para atender estos casos”, afirmó Ortiz.

La semana pasada, el juez Orlando Avilés, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra Giselle M. Barada, de 35 años, por mantener un presunto patrón de abuso contra sus cuatro hijos menores de edad.

Mientras, en Loíza, el Departamento de la Familia rescató a tres menores que vivían en condiciones infrahumanas.