El senador Javier Aponte Dalmau radicó una querella ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se investigue un supuesto “discrimen político” en el proceso de nombramientos de superintendentes auxiliares en el Departamento de Educación (DE).

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado aseguró este domingo que el proceso de reclutamiento -que describió como “ilegal e inconstitucional”- choca con los principios de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR).

“Busca participación ciudadana, despolitización, transparencia y que obviamente estos procesos se lleven a cabo a través de conversaciones con las estructuras comunitarias del país. Aquí, lejos de despolitizar, la secretaria (Yanira Ríces) y el director del proyecto IDEAR, Roger Iglesias, han violentado las normas y principios de mérito en hacer estos nombramientos y, lo que han hecho, es todo lo contrario, incumplir con el ordenamiento jurídico existente”, puntualizó el político.

Durante una conferencia de prensa, Aponte Dalmau estuvo acompañado de dos directores escolares de la región educativa de Caguas, cuyas solicitudes fueron rechazadas para las plazas de superintendentes auxiliares. Todos denunciaron que estos puestos debían, dado a que son gerenciales, ser transitorios, al amparo de la Ley 85 de 2018, y no permanentes como se estipulaba en las convocatorias.

Pablo Daniel Ortiz Feliciano, uno de los directores escolares presentes, sostuvo que el pasado martes, 30 de abril, se publicaron otras 177 plazas “que actualmente son puestos de confianza y los están haciendo puestos regulares para favorecer la gente que están ocupando las mismas posiciones”.

Por su parte, Nitza Sánchez Cartagena, quien también se unió a la denuncia, indicó que cumplió con entrevistas orales y escritas el 9 de abril, como parte del primer grupo de personas convocadas en la región de Caguas. En ese momento, conocía de los puntos que acumulaba en la rúbrica por experiencia en el Departamento, sus años como directora escolar, grado de estudio, entre otros. Sin embargo, desconocía los elementos que se tomarían en consideración al evaluar sus entrevistas.

Además, señaló que en la carta en que le denegaban la recomendación al puesto de superintendente -que recibió el 25 de abril- no detallaba las razones para ser descalificada.

Tanto Ortiz Feliciano como Sánchez Cartagena sostuvieron que estaban en la lista de los primeros candidatos a evaluar para los puestos, dado a que estaban entre el grupo de las personas mejor cualificadas para la posición que solicitaron.

Sobre estos casos, y en expresiones escritas remitidas a El Nuevo Día, el DE indicó que “reafirma su compromiso con un proceso de reclutamiento equitativo en donde el mérito sea el principio regidor con un proceso libre de discrimen para el personal directivo, administrativo y de supervisión”. Igualmente, aseguró que “se garantiza que los aspirantes compitan en igualdad de condiciones, sin discriminación por razones de edad, raza, color, sexo, origen social, orientación sexual, discapacidad, según establece la ley”.

La agencia también explicó que “durante el proceso de entrevistas, un comité evalúa a los candidatos en función de los requisitos, las habilidades y las destrezas específicas requeridas para cada puesto”. Para ello, se utilizan preguntas guía y se “fomenta la presentación de planes de acción e iniciativas que los candidatos desearían implementar, de ser seleccionados”.

En la conferencia de prensa de Aponte Dalmau también estuvo presente Annie Marrero Ramos, exsuperintendente de escuelas del DE, quien mencionó que, posterior al proceso, la secretaria Raíces envió una carta circular titulada “Política pública sobre el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal docente directivo, administrativo y de supervisión”.

En la misiva se incluye una rúbrica de los “criterios para adjudicar puntos” en el registro de personas elegibles, que otorgaría 31 puntos a una persona con un año de “ayudante especial docente”. Este número contrasta con los 21 puntos para una persona con el mismo tiempo como “superintendente de escuelas o superintendente auxiliar”, o los 11 puntos en caso de “director de escuela o facilitador docente” con un año de experiencia.

“Obviamente, la persona que va a competir ya entra en desventaja porque, si llega un ayudante de la secretaria a participar de estas entrevistas, pues ya tiene la mayoría de los puntos adjudicados y los demás están en desventaja. Eso es una forma solapada de atornillar personas”, aseguró Marrero Ramos.

El senador popular, por su parte, aseguró que “si este patrón continúa, nosotros no vamos a tener que ver en la obligación de acudir a radicar un recurso extraordinario (en los tribunales) para detener este proceso de reclutamiento, que es totalmente inconstitucional e ilegal”.

Sobre el asunto de establecer puestos permanentes en plazas que legalmente deben ser transitorias, el DE destacó el proyecto del Senado 788, que busca enmendar la ley orgánica del Departamento para dar “condición de empleado regular a directores de escuela, brindando estabilidad a 338 escuelas públicas”.

“La falta de estatus regular para superintendentes también genera inestabilidad en las Oficinas Regionales Educativas del DE. La iniciativa IDEAR busca descentralizar la toma de decisiones para adaptarse a las necesidades de cada plantel escolar, requiriendo personal adecuado y reduciendo la cantidad de empleados de confianza”, puntualizó la agencia.

El pasado 22 de abril, El Nuevo Día dio a conocer que, a la par con el proyecto de descentralización del Departamento de Educación (DE), Raíces Vega estaba en vías de reclutar 94 superintendentes auxiliares de escuelas I en puestos de carrera, aun cuando la ley orgánica de la agencia establece que esas posiciones deben ser transitorias y no regulares.