La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) identificó, en el Informe de Auditoría OC-26-27, incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en cuanto a la administración del Fondo de Mejoras Municipales por parte de la Autoridad de Tierras.

Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR, ordenó a la agencia recobrar $410,677 en fondos emitidos a entidades sin fines de lucro. La auditoría recogió el periodo entre el 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023.

“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier en declaraciones escritas.

La funcionaria explicó que uno de los señalamientos más significativos de la auditoría corresponde a $297,177 pagados contrario a disposiciones contractuales. La investigación examinó los contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad de Tierras desembolsó fondos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y pese a no estar vigente.

Asimismo, para ocho contratos que ascienden a $375,820, la ATPR requirió tardíamente —o no requirió— informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.

“La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados, situación que aumentó el riesgo de uso indebido de recursos públicos y dificultó la fiscalización”, enfatizó Vega Fournier.

“Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados”, añadió.

En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como preintervenir con antelación justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos, lo que representó una clara falta de segregación de deberes y elevó el riesgo de errores o irregularidades no detectadas oportunamente.

Del mismo modo, se encontró que la Autoridad de Tierras carecía de reglamentación adecuada para procesos esenciales de contabilidad y finanzas, incluyendo la preparación y registro de comprobantes de desembolso, conciliaciones bancarias y emisión de cheques.

Mediante la auditoría se reveló, además, que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no fue presentado ante el Departamento de Estado, pese a contener requisitos aplicables a terceros.

Otro hallazgo importante fue contratos contratos no registrados ni remitidos a la OCPR, como exige la ley.

“Se identificaron seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos”, señaló Vega Fournier.

La auditoría también reveló que la agencia incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22, y que remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre tres y 30 días.

Mientras, en el informe se indicó que la Autoridad de Tierras no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR) que maneja cientos de solicitudes legislativas y cerca de 1,000 contratos anuales.

Según el informe, esta insuficiencia obligó a contratar servicios externos y contribuyó a retrasos operacionales.

En sus comentarios oficiales, la gerencia de la Autoridad de Tierras aseguró que muchas de las deficiencias señaladas fueron atendidas mediante nueva reglamentación y controles internos, incluyendo procesos de verificación desde la solicitud legislativa hasta la aprobación final de asignaciones.

La agencia también expresó que el incumplimiento relacionado con contratos no radicados y certificaciones anuales fue subsanado.

Sin embargo, la OCPR se sostuvo en los hallazgos de la auditoría tras evaluar las respuestas recibidas.

La auditoría destacó, además, que la Autoridad de Tierras “no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del PIR, encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales”.

Entre las recomendaciones emitidas, la Contralora ordenó recobrar la cantidad de $410,677 a entidades sin fines de lucro, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal suficiente al PIR, asegurar la revisión legal de contratos, implementar sistemas electrónicos de transparencia ciudadana, registrar oportunamente contratos, corregir deficiencias reglamentarias y adiestrar personal financiero en el uso del sistema contable.

“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas las que evaluaremos en seis meses.”, concluyó Vega Fournier.