El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Inspectora General (OIG) las alegaciones que hizo la destituida jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, en torno a que habría recibido presiones indebidas para otorgar contratos en la agencia que dirigió.

Rivera Schatz señaló, en sendas cartas enviadas este miércoles, que Medina Díaz ha indicado, en declaraciones públicas, que fue presionada por la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, para otorgar un contrato de unos $38 millones con la empresa NOLA Education LLC para implantar el programa Star Academy en 25 escuelas públicas.

“Mediante carta de 20 de mayo de 2026, la exadministradora hizo constar que Adsef no participó en la evaluación, selección ni adjudicación del proyecto; según afirma, el trámite completo se condujo desde el Secretariado. Se ha informado, además, que un viaje oficial a Luisiana en diciembre de 2025 fue sufragado con fondos TANF, y que la compañía fue seleccionada en enero de 2026, antes de que la Administración para Niños y Familias federal (ACF) advirtiera, el 4 de marzo de 2026, que algunos componentes podrían no cumplir con los requisitos federales. El Departamento de la Familia canceló la adjudicación el 19 de mayo de 2026″, detalló Rivera Schatz.

Además, a Medina Díaz se le requirió firmar un contrato de unos $300,000 por “servicios propuestos por una persona que, según alega, es contratista del Secretariado”.

El líder senatorial destacó que, para Medina Díaz, su destitución fue causada por su negativa a firmar dichos contratos.

“De ser ciertas, estas alegaciones podrían constituir delitos contra la función pública o el erario. Por tratarse de actuaciones atribuidas a la titular de un departamento del gobierno y de fondos destinados a familias necesitadas, el asunto amerita una investigación independiente”, estableció Rivera Schatz, en las misivas.

A la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, Rivera Schatz solicitó que evalúe si la controversia amerita recomendar una investigación a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“Como corresponde ante alegaciones de esta naturaleza, formuladas públicamente por quien dirigió una agencia del Gobierno, resulta meritorio investigarlas a cabalidad para determinar si tienen o no fundamento. Si la investigación revela irregularidades, que se adopten las medidas que en derecho correspondan, incluido el referido a las autoridades pertinentes; si no las revela, que así se establezca y se conozca con igual claridad. Así lo exigen tanto la confianza del Pueblo en el manejo de los fondos públicos como la justicia debida a los funcionarios señalados”, sostuvo el senador.

Los referidos realizados por Rivera Schatz se dieron a conocer horas después que la presidenta de la Comisión de Familia del Senado, Wandy Soto Tolentino, anunció que realizará una investigación con el fin de esclarecer el asunto.

“Las expresiones que han trascendido públicamente son serias y ameritan que podamos conocer todos los hechos y circunstancias que rodearon estos procesos para que no existan dudas. Nuestra responsabilidad como Asamblea Legislativa es fiscalizar y procurar que cada determinación relacionada con fondos públicos responda a la ley, a procedimientos transparentes y al mejor interés de las poblaciones que reciben servicios del Departamento de la Familia”, dijo la senadora a través de un comunicado de prensa.

“No estamos adelantando conclusiones ni adjudicando responsabilidades. Una investigación seria tiene que escuchar a todas las partes. Lo que buscamos es determinar qué ocurrió, cómo se tomaron las decisiones, quiénes participaron de ellas y si se cumplieron todos los procesos establecidos en ley. Si todo se hizo correctamente, la documentación y los testimonios así deberán demostrarlo; si se identifican deficiencias, nuestra responsabilidad será procurar los correctivos correspondientes”, agregó Soto Tolentino.

La investigación está cimentada en la Resolución del Senado 56 que ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos realizar una investigación sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de la Familia de Puerto Rico.

Medina Díaz dijo en una entrevista televisiva (Telemundo) que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, supuestamente la presionaba y la hostigaba para que firmara un contrato que había llegado mediante una propuesta no solicitada.

El Nuevo Día reveló que la propuesta fue sometida por la empresa Strategic Technology Advisors, cuyo presidente es Leobardo Villegas Huertas un donante de la gobernadora Jenniffer González y del Partido Nuevo Progresista.

La empresa fue creada el 30 de agosto de 2012 y, desde el 4 de septiembre de 2015, ha tenido contratos con el gobierno para servicios de consultoría, servicios relacionados con los sistemas de información y servicios profesionales.

Actualmente, la empresa tiene seis contratos vigentes, que totalizan $4,953,707, según el registro de la Oficina de la Contralora. Tres de los contratos son con la Administración de Familias y Niños y otro con el Departamento de la Familia.