La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto del Senado 777, pero eliminó del texto final el lenguaje que hubiera permitido a los alcaldes reclamar ante sus respectivas legislaturas un alza salarial, como proponía la versión original de la medida.

“Una de las enmiendas más importantes fue la eliminación total de la sección que alteraba la fórmula de salario de los señores y las señoras alcaldesas. Esa determinación respondió tanto a consideraciones de prudencia fiscal como a los señalamientos levantados durante el análisis de la medida”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, Luis “Junior” Pérez.

La legislación, presentada por el presidente Thomas Rivera Schatz a petición de la Federación de Alcaldes, entre otras cosas, proponía un nuevo esquema para aumentar el sueldo de los alcaldes y alcaldesas, que colocaba en manos de los miembros de las legislaturas municipales dicha determinación, tomando en consideración 10 criterios de productividad.

El proyecto de ley fue aprobado con 31 votos a favor y 17 en contra. Tras ser aprobado con enmiendas, regresa ante la consideración del Senado.

Actualmente, los salarios de los ejecutivos municipales están sujetos a unas escalas. Por ejemplo, un alcalde de un pueblo cuya población fluctúa entre los 35,000 y 45,000 habitantes recibe una paga de $6,000 mensuales. Mientras, el de un municipio con más de 300,000 residentes recibe una compensación que alcanza los $9,500 al mes.

Sin embargo, hay alcaldes con salarios mayores al dispuesto en las escalas, ya que, previo al establecimiento de ese sistema, la concesión salarial recaía, precisamente, en las legislaturas municipales.

Pérez indicó que, como parte del análisis, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) proyectó en $1.3 millones anuales el impacto que hubiera tenido en las arcas municipales el andamiaje propuesto, reflejado de forma constante en los años 2026 a 2030. El representante novoprogresista agregó que la Federación y la Asociación de Alcaldes se expresaron favor del cambio.

El proyecto también concede a los alcaldes la facultad de asignar contratos de servicios técnicos y especializados en tecnología, amplía los poderes de los municipios para adquirir o expropiar propiedades declaradas estorbo público y elimina requisitos de consultas previas ante la Junta de Planificación para ciertas adquisiciones y ventas municipales.

La medida permite, de igual forma, crear el cargo de director de la Oficina de Auditoría Interna. Esa figura, concluyó la OPAL, podría representar un aumento en nómina y costos relacionados de aproximadamente $47,495 por municipio.

“La medida no altera caprichosamente el andamiaje legal municipal, sino que lo perfecciona y lo ubica a la altura de los retos que enfrentan las administraciones, y atempera y viabiliza diversas disposiciones del Código Municipal, como lo relacionado a la expropiación, justa compensación y términos procesales”, afirmó Pérez.

Respecto a las expropiaciones, la legislación disponía que las peticiones que hicieran los ayuntamientos a tales fines debían ser atendidas por el tribunal en un “término jurisdiccional de 48 horas”. No obstante, dicho plazo se amplió a cinco días, ante preocupaciones planteadas por el Departamento de Justicia. Asimismo, se eliminó el lenguaje que permitía proceder independientemente de la existencia de un adquiriente interesado.

“En conjunto, estas enmiendas permiten robustecer la medida, atender preocupaciones constitucionales y operacionales, y asegurar que la implementación de la política pública propuesta se lleve a cabo de forma balanceada, justa y sostenible“, sostuvo el representante.