La Cámara de Representantes llevará a votación este lunes un proyecto de ley para que los alcaldes privaticen labores administrativas fundamentales, a pesar de las advertencias de entidades y agencias públicas que coinciden en que la medida resulta “innecesaria”, ya que dicha facultad está contenida en el Código Municipal de Puerto Rico y la Ley de Alianzas Publico-Privadas (Ley 29-2009).

“El proyecto no añade facultades sustantivas nuevas, sino que resulta redundante e innecesario dentro del ordenamiento jurídico vigente”, estableció la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD), según el informe sometido por la Comisión cameral de Asuntos Municipales.

De acuerdo con la organización, el Artículo 1.008 del Código Municipal dispone que los municipios cuentan con poderes amplios, tanto naturales como delegados, para llevar a cabo sus funciones, incluyendo la contratación de servicios profesionales, técnicos y tecnológicos, así como la capacidad de establecer acuerdos, consorcios y alianzas con entidades públicas y privadas para la prestación de servicios.

De forma similar, opinó la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas (AAPP), al señalar que la Ley 29-2009 reconoce a los ayuntamientos como sujetos plenos dentro del modelo de alianzas publico-privadas. “No crea una facultad sustantivamente nueva, sino que procura incorporar y desarrollar dentro del Código Municipal una potestad que ya existe en el ordenamiento jurídico vigente”, expuso el director ejecutivo Josué Colón.

En un memorial escrito, Colón subrayó que toda delegación de funciones municipales mediante el modelo de APP debe realizarse en estricta conformidad con las disposiciones de la Ley 29.

En términos generales, el Proyecto de la Cámara (PC) 1006 permitiría establecer contratos de APP para “aquellas funciones administrativas y operacionales que los gobiernos municipales consideren pertinentes”, en unidades administrativas internas como la Oficina del Alcalde, la Secretaría Municipal, la Oficina de Finanzas Municipales y la de Presupuesto, así como la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, entre otras.

El representante novoprogresista Jorge Navarro, autor de la medida, ha argumentado que el proyecto surge como una alternativa para ayudar a los municipios –algunos de ellos en serios aprietos económicos y fiscales– que han tenido que reducir la jornada laboral e, incluso, despedir empleados.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en tanto, reconoció el objetivo que persigue la legislación, pero alertó que la transferencia de funciones esenciales de un municipio a entidades privadas, en ausencia de controles adecuados, podría conllevar riesgos significativos, aumentos en costos operacionales, dependencia en contratistas y posibles retos en la gobernanza municipal.

Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), el PC 1006 no representa un impacto fiscal directo para el gobierno.

“Esta Comisión reconoce que el Proyecto de la Cámara 1006 no altera el estado de derecho vigente, sino que lo armoniza. En particular, la medida integra de manera clara las disposiciones de la Ley 29-2009... De esta forma, se establece un marco normativo coherente”, agrega el informe del organismo cameral.

La medida sería llevada a votación por la Cámara de Representantes en la sesión de este lunes, para cuando también está contemplada la aprobación del PC 727, para restringir el uso de “drones” en los espacios aéreos de instalaciones públicas que lleven a cabo operaciones de seguridad; y el PC 830, para establecer un mecanismo de evaluación para la tenencia y portación de armas de fuego en casos de hospitalización psiquiátrica involuntaria (Ley 408-2000).