Mediante un trámite expedito –por descargue y sin el beneficio de vistas públicas–, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes derrotó este jueves el proyecto de ley de Ensol Rodríguez, de su propia delegación,que buscaba eliminar el privilegio del voto a confinados sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más.

De inmediato, Rodríguez lamentó el proceder de sus homólogos.

“Todos los proyectos deben tener algún tipo de discusión pública para corroborar cuál es el pensamiento actual del gobierno sobre este tema. Recordemos que la legalización para que los confinados tuvieran derecho al voto ocurre bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló, lo que significa que el pensamiento de hoy es muy distinto”, dijo.

El autor del Proyecto de la Cámara 1278 –junto a la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad– es policía de profesión y ha sostenido su oposición a que la población correccional ejerza el derecho al voto, sin distinción del delito cometido. Hoy, enfatizó que la medida no es una iniciativa aislada, sino que responde a reclamos que ha recibido de sus constituyentes.

“Como he dicho, para mí, es una ironía que, siendo un violador, un asesino, alguien que ha faltado a la ley gravemente tenga el mismo derecho que uno que ha cumplido. ¿Cuál es la imagen que nosotros, los funcionarios públicos electos, le estamos dando al pueblo? ¿Que no hay una recompensa por seguir las normas?, apuntó Rodríguez.

En entrevista previa con El Nuevo Día, el representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, organismo al que se le había asignado la evaluación de la medida, había asegurado que celebraría vistas públicas. “Vamos a comenzar a pedir memoriales al Departamento de Corrección, a Justicia y a la Comisión Estatal de Elecciones para, con ese grupo, iniciar las vistas públicas”, dijo, el 20 de mayo.

Rodríguez indicó, en tanto, que desconocía que su medida sería atendida este jueves por descargue.

A finales de 1977, meses antes de las elecciones de 1978, el entonces gobernador, Romero Barceló, firmó el estatuto que permite que los reos voten. Años después, el también ex comisionado residente en Washington dijo estar arrepentido de haber impulsado que se le otorgara ese derecho a la población carcelaria, según recortes periodísticos.

En 2015, hubo un intento en la Legislatura para eliminar el privilegio del sufragio a toda persona convicta por algún delito grave. El Proyecto de la Cámara 1296, una medida bipartita presentada por los entonces representantes Carlos Vargas Ferrer y Ángel Bulerín, nunca fue considerado por el Senado. Los autores de la legislación opinaban, entonces, que los confinados debían mantenerse al límite de los procesos políticos para evitar “que los políticos de turno los utilicen ofreciéndoles promesas que (…) probablemente no les van a cumplir”.

“Es importante enfatizar que esta medida no interfiere con el proceso de rehabilitación. Hacer una equis en un papel cada cuatro años no incide en ningún proceso de rehabilitación. Lamento mucho lo ocurrido en el día de hoy”, subrayó Rodríguez.