El liderato de Proyecto Dignidad abogó este domingo por la aprobación de un proyecto de ley de la representante Lisie Burgos para eliminar el privilegio al voto a confinados sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más.

El partido argumentó que se trata de un voto que se presta para supuestas presiones indebidas y, al mismo tiempo, reclamó que se investigue la información que reveló el medio ProPublica sobre un supuesto intercambio de drogas por votos en las cárceles para favorecer, durante el pasado ciclo electoral, a la ahora gobernadora Jenniffer González, lo que la mandataria ha rechazado.

El Proyecto de la Cámara 1278, presentado por Burgos el 14 de mayo, aplicaría a convictos por delitos graves contra la persona, la propiedad, delitos sexuales y delitos de orden público o económicos, tanto en instituciones penales de Puerto Rico como en cárceles estatales y federales de los Estados Unidos.

“Queremos defender la integridad electoral con una nueva medida sobre el voto de confinados. Proyecto Dignidad apoya a nuestra representante Lisie Burgos Muñiz en su proyecto de ley de la Cámara 1278, con el propósito de enmendar el Código Electoral de Puerto Rico y excluir del privilegio al voto adelantado y voto ausente a confinados sentenciados por delitos graves con pena de 10 años o más”, dijo la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, en conferencia de prensa frente a la Comisión Estatal de Elecciones.

Recordó que no fue hasta diciembre de 1977, meses antes de las elecciones de 1978, que el entonces gobernador Carlos Romero Barceló aprobó el estatuto que permite que los reos voten.

“Podemos repasar la historia de que, en esa elección, que hubo muchos escándalos, como el escándalo de Valencia, el apagón de Valencia y el famoso escrutinio donde resultó reelecto el gobernador Carlos Romero Barceló, donde prevaleció por poco más de 3,000 votos, así que la historia está ahí”, agregó.

Pérez Martínez estuvo acompañada por la representante Burgos, el expresidente de Proyecto Dignidad César Vázquez y el comisionado electoral de la colectividad, Juan Gabriel Zayas, entre otras figuras de la colectividad.

“Esta medida no pretende atacar la dignidad humana de los confinados ni limitar los esfuerzos de rehabilitación. Lo que buscamos es evitar que personas sentenciadas por delitos graves utilicen un privilegio electoral mientras cumplen condenas extensas por actos que causaron daños irreparables a otras personas y a nuestra sociedad”, afirmó, en tanto, Burgos.

La medida busca modificar en el Código Electoral, en su Artículo 2.3, sobre el voto adelantado y el Artículo 9.34 sobre el voto ausente.

De paso, Pérez Martínez calificó como “escandalosa” la información divulgada por ProPublica a principios de mes.

“Nosotros hacemos eco a quienes están reclamando que se abra esa investigación. Debe profundizarse y llegar a las últimas consecuencias”, dijo la presidenta de Proyecto Dignidad a preguntas de El Nuevo Día.

El medio independiente reveló que, luego de la elección del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos supuestamente frenó una investigación sobre un esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos, en 2024, a favor de la ahora mandataria. Como parte de la pesquisa, se indagaba, además, si exisitía alguna conexión entre ese esquema y miembos del equipo de campaña de González.