En medio de la disputa por el acceso a su información contributiva, el exsecretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía de Jesús, radicó, en la noche del miércoles, una moción suplementaria ante el Tribunal de Apelaciones en la que alegó una violación al debido proceso de ley y reclamó su derecho a ser escuchado en el caso.

La acción surge luego de que el Senado defendiera en la tarde del miércoles, en un extenso escrito de 60 páginas, su facultad constitucional de fiscalización y solicitara que se confirme la orden del Tribunal de Primera Instancia que obliga al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar la información contributiva del también contratista gubernamental.

En ese recurso, el Senado, a través de su presidente Thomas Rivera Schatz, argumentó que permitir que el Ejecutivo decida qué información entregar “equivale a convertir la fiscalización legislativa en un ejercicio condicionado, discrecional y, en última instancia, inefectivo”. Además, sostuvo que no se trata de una intromisión en la vida privada, sino de examinar el uso de fondos públicos.

El Senado también insistió en que no estaba obligado a notificar a Sagardía de Jesús sobre la solicitud de información al sostener que no se estaban requiriendo planillas contributivas ni documentos financieros sensitivos, sino datos relacionados con transacciones presuntamente vinculadas a contratos gubernamentales.

Sin embargo, en su moción suplementaria, Sagardía de Jesús utilizó precisamente esa admisión como eje de su planteamiento constitucional.

“El Senado de Puerto Rico no estaba obligado a notificarle directamente esa admisión, hecha con elocuencia no deseada, constituye la confesión del agravio que este recurso viene a remediar” sostuvo, al argumentar que fue excluido de un proceso en el que su condición como parte indispensable fue ignorada.

“Este recurso persigue, sencillamente, que se restituya al Contribuyente a la condición jurídica que le correspondía desde el primer día — la de ser oído antes de que sus derechos constitucionales fueran objeto de adjudicación", afirmó el extitular de Justicia a través de su representación legal.

En la moción de 12 páginas, Sagardía de Jesús además cuestionó que el cuerpo legislativo haya desarrollado una argumentación sustantiva sobre su conducta y sus derechos, incluyendo alegaciones sobre supuestas subcontrataciones y posibles implicaciones disciplinarias, sin que se le haya permitido comparecer.

“Adjudicar sobre el peso probatorio de declaraciones extrajudiciales en ausencia del declarante no es, con respeto, una práctica que resista el escrutinio del debido proceso en su formulación más elemental”, planteó.

El exfuncionario también rechazó el planteamiento del Senado de que su condición de contratista gubernamental reduce su expectativa de intimidad.

Arguyó que esa aseveración “no encuentra respaldo en pronunciamiento alguno de nuestro Tribunal Supremo, ni en la jurisprudencia federal aplicable, ni en tratado alguno de derecho constitucional insular”.

“La Constitución de Puerto Rico no conoce ciudadanos de segunda clase”, sostuvo, al insistir en que el derecho a la intimidad declara “inviolable la dignidad del ser humano, sin adjetivo calificativo y sin cláusula de excepción contractual”.

El abogado añadió que permitir que el caso continúe en su ausencia implicaría que el foro apelativo adopte determinaciones que podrían afectar su reputación y derechos sin haber tenido oportunidad de refutarlas.

Como parte de su petición, Sagardía de Jesús solicitó al Tribunal de Apelaciones que le permita comparecer formalmente en el caso, presentar sus argumentos y que cualquier determinación sobre sus derechos se realice con su participación.

De igual forma, pidió un término no mayor de 72 horas para responder al resto de los planteamientos esbozados por el Senado en el escrito que el cuerpo legislativo radicó ayer.

Esta moción suplementaria se añade a la moción urgente de reconsideración radicada el martes, en la que Sagardía de Jesús pide que el foro apelativo reconsidere su decisión de no atender su comparecencia especial.

Al momento, el Tribunal de Apelaciones no se ha pronunciado sobre esa solicitud.

Los señalamientos contra Sagardía –y que indaga el Senado– apuntan a que el extitular de Justicia habría subcontratado con terceros los servicios para los que fue contratado por el gobierno. El cuerpo busca conocer si dichas transacciones en efecto ocurrieron, si estarían permitidas por el acuerdo y si constan en la información contributiva del abogado.

Al respecto, Rivera Schatz dijo, más temprano esta semana, haber recibido información respecto a supuestas enmiendas a declaraciones informativas de Sagardía de Jesús en Hacienda.