La jefa de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, reiteró este viernes su rechazo a las expresiones del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien le acusó de “entorpecer” la implantación de la plataforma destinada a integrar los sistemas financieros, presupuestarios y administrativos del gobierno, al tiempo que describió como “peligroso” el mensaje en contra de la fiscalización que ha sostenido sobre la empresa Deloitte, contratista a cargo del proyecto desde 2018.

“Me sostengo en mis expresiones de que eso es incorrecto. La evidencia determina que lo que la ASG siempre ha hecho es fiscalizar que el contratista, en este caso Deloitte, cumpla con lo que se requiere, que entregue las cosas completas, que el sistema que están configurando garantice que las compras sigan siendo públicas, que el pueblo pueda ver cuáles son los contratistas, cuánto se gasta, y que eso se configure de tal manera que no se tenga menos visibilidad de la que se tiene hoy día. Es un discurso bien peligroso decir que fiscalizar los trabajos de un contratista del gobierno es entorpecer”, dijo Mercado Rivera, a su salida de una vista pública sobre el presupuesto de la ASG, en el Senado.

El 23 de abril, Domenech se reafirmó en la respuesta que dio al Senado –más temprano esa semana–, en la que le imputó a la ASG oposición a implantar el sistema Enterprise Resource Planning (ERP). Alegó, además, que la ASG ha intentado, “en múltiples ocasiones y de diversas maneras”, que se cancele el contrato de Deloitte.

Domenech respondió de esta forma a una carta oficial de Mercado Rivera, en la que catalogó como “difamatoria y completamente falsa” una de las respuestas que el funcionario envió al Senado tras un requerimiento de información.

El secretario de la Gobernación respondió en la afirmativa a la pregunta sobre si había alguna firma que abogara por la cancelación del contrato con Deloitte. Indicó que “quien ha mostrado oposición interna para no continuar con el mismo” es la ASG, y que había “escuchado” que la firma MZLS, del abogado Anthony Maceira –exsecretario de Asuntos Públicos y esposo de Mercado Rivera– cabildeaba para cancelar el pacto.

Cuestionada sobre si la ASG lleva un proceso formal de cancelación del contrato de Deloitte, la administradora contestó: “No, para nada”.

“Sí, nosotros hemos puesto por escrito cuando los requerimientos no cumplen, no tan solo con el contratista de implementación Deloitte, sino con otros contratistas que forman parte del ERP, pero documentar cosas que no cumplan y exigir cosas a buscar la cancelación, eso son asuntos bien distintos”, abundó.

La licenciada señaló que uno de los escollos principales para la implantación del ERP –pautada para enero de 2027– es que, actualmente, no garantiza que las compras del gobierno sigan siendo públicas.

“No hemos recibido una notificación oficial de que las funcionalidades de que las compras se van a mantener públicas existen, de que están los controles necesarios para celebrar las subastas, los requerimientos de propuestas. Y eso es parte de las conversaciones con la compañía, que tampoco es que sean animosas, son conversaciones diarias que se le exigen a cualquier contratista al que se le pagan fondos públicos”, precisó.

En esa línea, el memorial sometido ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa del Senado expone que la Subsecretaría de la Gobernación –dirigida por Itza García– “tomó la determinación de proceder con una absorción total de J.E.D.I. 1.0 dentro del ecosistema del ERP, aun cuando se han advertido riesgos significativos”.

Según Mercado Rivera, ese cambio implicaría que, una vez entre en funcionamiento el módulo de compras del ERP, la plataforma digital de compras J.E.D.I. sería eliminada. Esto, advirtió, supondría la pérdida de una herramienta que actualmente garantiza visibilidad sobre los procesos de compra gubernamental.

“El sistema que actualmente tiene la ASG garantiza que las compras sean públicas y se garantiza que se vea desde el inicio dónde surge la necesidad hasta lo último. Como este sistema es un sistema de contabilidad, no necesariamente se programa como un sistema de compras en particular. Así que esta es la exigencia de nosotros, que se añadan estas funcionalidades para no ver un retroceso a lo que ya hoy existe en el gobierno”, explicó.

Agregó que esta decisión también afectaría la herramienta de transparencia que la ASG mantiene en su portal, la fuente oficial de datos abiertos sobre el gasto gubernamental, que contiene información como los suplidores del gobierno, cuánto se gasta en contratistas por agencia y las órdenes de compra “en vivo”.

“La realidad es que, al final del día, eso es una determinación que se establece como política pública a nivel de la Secretaría de la Gobernación. Sin embargo, por ley, la ASG tiene la potestad y la autoridad de determinar qué sistemas son necesarios para garantizar esto (trasparencia). Nosotros nunca vamos a claudicar; particularmente yo nunca voy a claudicar a que las compras sigan siendo públicas. Si hay que hacer desarrollos adicionales para que sean públicas, que se sepa quién se está contratando, cuánto se está contratando, se hacen”, aseveró.

Sobre el presupuesto de la ASG, alertó que los recortes propuestos para el próximo año fiscal –que inicia el 1 de julio– pondrían en riesgo la implantación de diversas iniciativas, incluido el propio sistema del ERP, el reclutamiento de personal de compras y la instalación de dispositivos GSP en más de 9,000 vehículos oficiales, iniciativa que ha permitido avances en la “reducción de consumo de combustible, seguridad vial y uso indebido de la flota”.

El presupuesto vigente, proveniente del Fondo General, es $24,708 millones, mientras que el gasto sugerido para el próximo año fiscal asciende a $17,862 millones. La ASG solicitó $30,089 millones.