La gobernadora Jenniffer González vetó dos proyectos de la Cámara de Representantes y uno del Senado de Puerto Rico, al argumentar que la implementación de estos tendría un impacto fiscal significativo y que no se identificaba una fuente de repago.

El primer veto recayó sobre el Proyecto de la Cámara 243, que buscaba designar las calles Palma y Gonzalo Marín, en Arecibo, como “Zona de Turismo Gastronómico” bajo el nombre de “Corredor Gastronómico Arecibo en la Villa del Capitán Correa”. La medida también ordenaba a la Compañía de Turismo desarrollar planes de mercadeo y promoción.

“La medida impone obligaciones adicionales a la Compañía de Turismo sin que se haya contemplado una asignación presupuestaria para su implementación”, explicó la mandataria.

Según la gobernadora, la Compañía de Turismo no cuenta con los recursos internos necesarios para realizar estudios de mercadeo y censos relacionados con un corredor gastronómico, por lo que sería necesario contratar servicios externos.

Los autores de la pieza legislativa son los representantes novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló, Edgar Robles Rivera y Jerry Nieves Rosario.

Otra medida vetada por González buscaba crear la “Ley del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico” del Departamento de Justicia. La iniciativa proponía establecer una academia enfocada en el adiestramiento y manejo de escenas criminales, incluyendo masacres, asesinatos por acecho, casos intrafamiliares, contra adultos mayores y aquellos que involucren menores de edad.

El instituto se integraría mediante coordinación con la Academia de Fiscales, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia indicaron que la coordinación interagencial que procura la medida, en materia de adiestramiento y manejo de escenas del crimen, ya existe en la práctica habitual de los trabajos”, expuso la gobernadora.

Asimismo, González señaló que el lenguaje del proyecto podría generar un impacto fiscal en la Academia del Ministerio Público que no está contemplado en el presupuesto actual. Indicó que el asunto podría reevaluarse para el próximo año fiscal, cuyo inicio está pautado para julio y que aún se encuentra en negociación con la Junta de Supervisión Fiscal.

“Esta consideración fue planteada ante la Asamblea Legislativa como parte del trámite del proyecto y no fue atendida en su lenguaje final. Por lo tanto, y en ausencia de disponibilidad de fondos, la implementación de la medida no es fiscalmente viable”, afirmó.

El autor del proyecto es el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón A. Torres Cruz.

El tercer veto correspondió a la “Ley del Registro de Personas con Trastornos Sanguíneos y/o Condiciones Sanguíneas”, que buscaba crear un registro adscrito al Departamento de Salud.

“La medida conlleva un impacto fiscal significativo y no contemplado para el Departamento de Salud, quien estima el mismo en $175,000 anuales recurrentes para la implementación y funcionamiento del registro”, sostuvo la mandataria.

Según explicó, el propio Departamento de Salud había advertido a la Asamblea Legislativa, en su ponencia, sobre la necesidad de asignar fondos para su implementación.

“Esta administración tiene un compromiso con la salud de los ciudadanos y reconoce las virtudes y beneficios que han demostrado otros registros de salud, por lo que no se descartan futuras iniciativas sobre este tema. No obstante, en ausencia de disponibilidad de fondos, la implementación de la medida no es fiscalmente viable”, agregó.

El Proyecto del Senado 471 es de la autoría del novoprogresista Jeison Rosa Ramos, con coautoría de los senadores Ángel Toledo López y Karen Román Rodríguez.

Por otro lado, la mandataria firmó la Ley 66 de 2026, que enmienda la Ley 29-2009 (Ley de Alianzas Público-Privadas) para requerir que, en todo proceso de selección de proponentes y adjudicación de alianzas, se incluya una certificación que garantice que no se subcontratarán bienes o servicios a familiares, accionistas, socios, exsocios, entidades relacionadas ni exempleados.

También convirtió en ley una medida que designa el cuarto jueves de abril como el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM”, así como otra que declara el 6 de febrero como el “Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña”. Esta última surgió tras una petición de estudiantes de séptimo grado de la Escuela Manuel González Pató en Ponce.

Igualmente, González firmó la Ley 70 de 2026, que recoge un proyecto del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, radicado a petición de la AARP. La medida enmienda la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico, modifica la composición de los grupos especiales de trabajo y designa a la Administración de Sistemas de Retiro como la entidad responsable de crear el programa voluntario de ahorro para el retiro.

Las restantes leyes aprobadas por la gobernadora buscan fortalecer las finanzas de las cooperativas de ahorro y crédito de nueva creación, eliminar el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales y ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de los embalses bajo su administración.