El senador Luis Javier Hernández adelantó este miércoles que referirá a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por, supuestamente, haberle mentido a la Legislatura, durante su confirmación, al ocultar un referido de investigación en su contra del Departamento de Salud –donde trabajaba en destaque– por una presunta contratación irregular mientras dirigía la Sección de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual.

Dicho referido se recibió, en 2022, en el Departamento de Justicia, que archivó la investigación en octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya fungía como secretaria de la Familia, cargo al que fue confirmada por el Senado en febrero de ese año.

“Mentirle al Senado, en el proceso de confirmación, es un perjurio que puede ser procesado por Justicia o, incluso, la Legislatura puede comenzar un proceso de residenciamiento del funcionario por cometer ese tipo de delito”, dijo Hernández, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara alta, quien hará el referido a la OEG mañana, jueves.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Roig Fuertes, pero su portavoz, Yolanda Rosaly, indicó que la secretaria se encontraba “atendiendo asuntos oficiales”, y remitió a “la respuesta ofrecida al respecto” más temprano este miércoles en radio (WKAQ 580). Entonces, la titular dijo estar “tranquila” y negó, otra vez, que conociera de la investigación en su contra.

Justicia, sin embargo, ya ha confirmado que Salud tomó una declaración jurada a Roig Fuertes, el 24 de febrero de 2022, relacionada con la pesquisa.

Como transcendió primero en una investigación de Rayos X (Telemundo), Roig Fuertes estuvo, supuestamente, vinculada a la concesión de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigía –en destaque– la mencionada división.

El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado, presuntamente, a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad del participante, un ofensor sexual procesado por actos lascivos.

En Primera Pregunta (Telemundo), el exsecretario de Salud Carlos Mellado, quien hizo el referido a Justicia en 2022, insinuó que Roig Fuertes mantenía una relación con un representante de la empresa. Al respecto, la secretaria contestó en radio: “Él podrá decir lo que quiera, que muestre las evidencias”.

Hernández recordó que, como parte del proceso de consentimiento y confirmación, los nominados deben contestar un formulario en el Por su parte, Hernández, del PPD, recordó que, como parte del trámite de consentimiento y confirmación, los nominados deben contestar un formulario en el que se le pregunta si existe algún caso pendiente en su contra o si son o estuvieron sujetos a alguna investigación. “La secretaria contestó que no”, dijo sobre la respuesta de Roig Fuertes, bajo juramento, en 2025.

“Cuando se hizo la investigación en su contra en el Departamento de Salud, Roig Fuertes contrató a un abogado y estuvo al tanto del proceso. Ella sabía que había un proceso en su contra. Eso era un elemento que ella debió compartir al Senado de Puerto Rico y no lo hizo. Ocultó información”, insistió.

En su habitual mensaje de “Buenos días, Puerto Rico”, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, publicó una serie de peticiones que hará para indagar sobre los señalamientos contra Roig Fuertes.

Mencionó, por ejemplo, “si existe, en adición a lo consignado al informe de cierre del Departamento de Justicia, un documento o evidencia de algún tipo notificación, apercibimiento o informando a Suzanne Roig que era tarjeta o persona de interés en cualquier investigación administrativa, civil o criminal sobre los hechos del contrato en discusión actualmente entre los años 2021 y 2025”.

Mientras, Hernández tildó de “incompleta” la investigación de Justicia, que recibió el referido el 18 de marzo de 2022 y nunca entrevistó a Roig Fuertes ni ninguna otra persona.

Justicia, como ha trascendido, archivó el caso porque la evidencia no satisfacía el estándar para “probar culpabilidad más allá de duda razonable”. El archivo se dio en octubre de 2025, cuando Lourdes Gómez Torres, quien era asesora en La Fortaleza sobre nombramientos, ya ocupaba la secretaría.

El lunes, Hernández –y el resto de la delegación del PPD– exigió que Gómez Torres reabra la pesquisa que archivó, y exhortó a la gobernadora Jenniffer González a destituir a Roig Fuertes.

“La investigación que hizo el Departamento de Salud hace alegaciones muy serias contra la secretaria de la Familia. Se trata de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, al Código Penal de Puerto Rico, interferencia contractual y muchas otras. Eso, mínimamente, debió haber sido atendido por el director de Ética Gubernamental”, puntualizó.

Hernández defendió que el expediente de Salud “es claro y contundente”, por lo que el Senado no debería hacer una Comisión Total para interpelar a la secretaria, sino que insistir en que deje el cargo.

“Lo peligroso es que se dice que Roig Fuertes presionó para que una compañía brindara esos servicios, sin que pasara por un proceso de contratación gubernamental. Está en una posición de mucho poder y control de dinero estatal y federal. No debería estar un minuto más. La gobernadora no tiene que permitir que Suzanne Roig permanezca en su puesto, a menos que quiera ser cómplice del esquema que ejerció”, señaló.

Declaró, incluso, que las alegaciones contra Roig Fuertes son “mil veces peor” que las hechas contra la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, quien renunció tras señalamientos de irregularidades en un centro de inspección de su familia, en Yabucoa. Fue referida por Justicia a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y podría enfrentar cargos por presunta “influencia indebida”.