El trámite burocrático gubernamental relacionado al uso de fondos federales atrasó el inicio de la reconstrucción del Albergue de Testigos del Departamento de Justicia, pese a que se identificaron al menos $4.3 millones de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para las labores de mitigacion por daños sufridos tras el paso del huracán María.

Esta pasada semana, gracias a reportes periodísticos, se supo la infraestructura del albergue está en pésimas condiciones. Actualmente es utilizado por 10 personas, entiéndase testigos de delito o coautores. El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se ha comprometido a realizar reparaciones menores y se supone que el 12 de octubre se efectúe una limpieza profunda.

En una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado celebrada ayer, viernes, representantes de Justicia relataron la larga cadena de pasos burocráticos que impidieron que la instalación sea reconstruida. No obstante, sigue en operaciones. Actualmente, tiene averías en el servicio de Internet para empleados, puertas rotas, pisos levantados, al igual que daños en el sistema eléctrico en algunas áreas, así como maleza alta. Algunas áreas del albergue están clausuradas.

El servicio de internet debe ser restaurado a finales de este mes, pero el albergue no tiene servicio de video vigilancia y todavía no se ha cumplido con el proceso burocrático para reforzar la verja de seguridad.

En junio, un hombre que residía en el lugar murió de una aparente sobredosis. La seguridad es provista por la Policía, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y Justicia.

En enero del 2021, COR3 “notificó” la aprobación de $4.3 millones en fondos de FEMA para realizar el trabajo luego de que la agencia federal recibiera de parte del Justicia una reclamación en julio de 2019.

“Fue por el proceso burocrático de FEMA”, sostuvo José Carrasquillo, fiscal y ayudante especial de la jefa de fiscales, Melissa Vázquez, al referirse a periodo transcurrido entre julio de 2019 y enero del 2021. “También es una estructura bien grande y el proceso se tardó bastante con las inspecciones. La estructura burocrática de FEMA atrasó los procesos”, sostuvo.

En la vista pública se indicó que luego de que el Departamento de la Vivienda clasificó en febrero el proyecto como “elegible” para el pareo de fondos CDBG-DR, se creó un comité encargado de la reconstrucción del albergue. Ese grupo determinó que la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI) presentaría una propuesta para realizar los trabajos cumpliendo con las especificaciones de FEMA.

La intervención de AFI fue solicitada dado a que no hay personal en Justicia para tramitar obras de construcción.

En marzo de 2021, AFI presentó una primera propuesta de mejoras valorada en $7.6 millones. Debido a que la cifra superaba la cantidad autorizada por FEMA, se hizo una segunda cotización que se ajustara a la cifra disponible y fue recibida en junio de 2021. Luego de ese paso se firmó un acuerdo de colaboración entre AFI y Justicia y se sometió un borrador a COR3. Entonces, en julio de 2021 se cumplió con otro trámite: la firma de un acuerdo entre Justicia y Vivienda para tener acceso a fondos CDBG-DR.

En septiembre, COR3 notificó que la solicitud de proveedores de servicio se tendría que hacer a través de la Administración de Servicios Generales (ASG) para cumplir con el proceso competitivo

“Actualmente estamos preparando el paquete de subastas requerido para someterlo a consideración de la ASG”, indicó el secretario Emanuelli en una ponencia.

Justicia recibió la buena noticia de que tendrá disponibles $6 millones de Fondos de la Ley Arpa para otros trabajos en el albergue relacionados a mobiliario, trabajos de plomería y electricidad, monitoreo de seguridad y mantenimiento general del predio.

En un aparte con El Nuevo Día, Carrasquillo sostuvo que ahora falta el proceso de subasta.

“Luego hay otras fases en el proceso como la selección de project manager, un inspector y la empresa constructora”, indicó. “Nuestra expectativa es que comience (la construcción) a finales de este año”, afirmó.

El albergue fue conceptualizado en 1989 para que también resguardara a víctimas de delito, pero desde hace muchos años solo sirve de residencia para testigos y coautores. Actualmente, el albergue tiene capacidad para darle residencia temporera a 24 personas. En un escenario de infraestructura óptimo, y dejando fuera del cálculo un edificio que no se utiliza hace muchos años, la cabida sería de 72 personas. El albergue del Departamento de Justicia es el único en su clase en el país, pero Carrasquillo indicó que con mucha frecuencia los testigos se sienten más seguros, por diversas razones incluyendo las restricciones de vivienda, fuera del albergue.

“Muchos de ellos declinan. La mayoría (de los que utilizan el albergue) son coautores de delitos que nos han esclarecido múltiples asesinatos y quien puede esclarecer esos delitos son coautores que, tal vez, han estado acostumbrados a cierto estilo de vida distinto que un albergue de protección no les ofrece lo que quieren”, dijo.

En cuanto a protección a víctimas, se utilizan hogares operados por entidades sin fines de lucro y, en el caso de testigos que residan en Estados Unidos, existe un presupuesto para trasladarlos a la isla para que participen en proceso judiciales.

En entrevista por separado, Leonardo Cabán, ayudante especial de Emanuelli, indicó que Justicia seleccionó la escuela Alejandro Jr. Cruz, en Guaynabo, para crear un albergue para víctimas porque era el edificio que llenaba los requisitos entre los que la agencia tuvo a su disposición.

La escuela se ubica a orillas de una transitada carretera rural.

“El análisis lo hizo la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito. Obviamente se pidió el catálogo de escuelas que habían (disponibles) y dentro de las alternativas era una de las identificada. Era la que podía ser habilitada para crear este tipo de albergue. Otras se ubicaron en municipios lejanos o con negocios cercanos a la escuela”, indicó Cabán.

El funcionario argumentó que se tendrá que confeccionar un protocolo de seguridad y “garantizar la seguridad de las víctimas alojadas”..

“Dentro de las alternativas que se nos presentaron de las escuelas, esa fue la que se consideró y cumple con las necesidades de las víctimas”, sostuvo.

Cabán no anticipó cuando el albergue podría estar listo. La obra sería costeada con fondos de FEMA.

“Se presentó la propuesta y está ante la consideración de FEMA… pero Justicia cumplió con todos los requisitos para presentarla la propuesta”, dijo Cabán.