La jornada del agricultor Pedro “Pellito” Santiago en defensa del sustento de cientos de vendedores ambulantes continuó este lunes en El Capitolio, donde logró el compromiso de senadores y representantes para promover legislación que asegure la estabilidad de sus negocios sin sacrificar la seguridad en las carreteras.

“Se comprometieron a legislar y darnos voz, algo que no teníamos, y a tomar en cuenta los diferentes negocios”, indicó Santiago tras sostener múltiples reuniones con legisladores de todas las delegaciones políticas, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Santiago caminó por dos semanas -desde Cayey hasta San Juan- en oposición a una directriz del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que ordenaba el desalojo de 20 comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129 , entre Arecibo y Lares, y en la PR-100 en Cabo Rojo, debido a proyectos activos de infraestructura en ambas vías y por razones de “seguridad vial”.

Aunque la gobernadora Jenniffer González ordenó el pasado sábado detener las cartas de desalojo y revisar los reglamentos de uso de vías estatales, Santiago insistió en que los vendedores no buscan una pausa temporal, sino acciones legislativas concretas que brinden estabilidad permanente a sus negocios.

“No sabemos si en el futuro quieran sacarnos otra vez y por eso decidimos que es mejor atender las lagunas que hay”, apuntó Santiago al ser cuestionado por este medio sobre la razón para insistir en la lucha a pesar de la directriz emitida por el Ejecutivo.

El DTOP aclaró que dejar sin efecto las cartas “no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del Departamento de proteger la seguridad vial”.

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, indicó a El Nuevo Día que, pese al mandato de la Ley 22-2000, no existe reglamento vigente para regular la operación de vendedores ambulantes en las carreteras, señalando vacíos legales. La directriz contra los vendedores en PR-100 y PR-129, según DTOP, respondió a proyectos de infraestructura y reglamentos federales.

“Hay gente vendiendo en la servidumbre. Sin embargo, conscientes de lo que representa la situación para miles de empresarios pequeños, la inmensa mayoría de productos agrícolas, tenemos que reconocer que hay que uniformar y legalizar esta clase de empresario para que cumpla con la seguridad vial y, a la misma vez, pueda echar para adelante”, apuntó Ríos.

A juicio del senador, la solución legislativa probablemente requerirá -en algunos casos- la aplicación de una cláusula de derechos adquiridos (grandfather), mientras que en otros se tendrá que buscar la colaboración para una reubicación estratégica.

“Lo que tenemos es que buscar ese balance entre la infraestructura vial y la seguridad en las carreteras y eso es lo que quiero establecer en reglamento...tenemos que tener la sensibilidad para que se puedan desarrollar y, a la misma vez, establecer uniformidad. No puede ser un capricho”, apuntó Ríos.

Esa legislación incluiría, además, una nueva definición y un registro oficial para este tipo de negocio. No obstante, Ríos apuntó que debe tratarse de un proceso simple que no se convierta en una carga burocrática para los comerciantes.

Santiago sostuvo encuentros adicionales con los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Adrián González, así como con el senador independiente Eliezer Molina. Igualmente, se reunió con Rafy Santos, Héctor Joaquín Sánchez y Jeison Ramos, todos del Partido Nuevo Progresista (PNP).