La gobernadora Jenniffer González estampó su firma este viernes en un proyecto de ley que faculta al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) a utilizar sus programas de financiamiento para respaldar proyectos de reciclaje.

La nueva Ley 152-2026 permite al BDE ofrecer préstamos, productos de inversión, fondos de garantía y líneas de crédito a empresas privadas y comunitarias dedicadas al reciclaje. Los recursos podrán destinarse a la adquisición de equipos para el recogido, almacenamiento, procesamiento y transportación de materiales reciclables, así como a la construcción de instalaciones especializadas para esta industria.

Según La Fortaleza, el uso de mecanismos de financiamiento existentes para este fin –incluyendo programas subvencionados con fondos federales u otras fuentes disponibles– permitirá evitar un impacto fiscal directo sobre el Fondo General.

La firma del estatuto se da mientras Puerto Rico continúa lejos de cumplir la meta de reciclar el 35% de los desperdicios sólidos, fijada para el 31 de diciembre de 2006, establecida por la Ley 70-1992. Se estima que la tasa de reciclaje en el país ronda actualmente el 10%.

Por otro lado, la gobernadora también firmó la Ley 151-2026, que propone establecer las Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico con el fin de “fortalecer la oferta turística, impulsar el desarrollo económico regional y promover experiencias recreativas en toda la isla”.

La nueva legislación crea un marco de política pública para identificar, organizar y promover rutas que integren actividades de aventura, deportes extremos y experiencias recreativas, enlazando destinos a través de distintos municipios. La iniciativa estará adscrita a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La tercera medida que firmó González es la Ley 153-2026, que moderniza la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico “para fortalecer la seguridad jurídica, facilitar la planificación patrimonial y armonizar el ordenamiento legal local con el Código Civil de 2020 y las prácticas vigentes en los Estados Unidos”.

Entre otras cosas, la ley reconoce expresamente la figura del fideicomiso revocable, establece reglas sobre el funcionamiento de estos instrumentos y faculta al Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) a expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos, eliminando la necesidad de obtener una orden judicial para ese trámite y agilizando el acceso a la información registral.