Al describirla como una iniciativa “fiscalmente irresponsable”, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “exhortó” a la gobernadora Jenniffer González a no convertir en ley una medida avalada por la Legislatura, en junio, que propone clasificar a los alguaciles adscritos al Poder Judicial como “Servidores Públicos de Alto Riesgo”.

En una misiva dirigida a la mandataria, el organismo rector sostuvo que el Proyecto del Senado 1021, que enmendaría la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno (Ley 447-1951) para disponer que estos alguaciles sean elegibles a ciertos beneficios de retiro, aumentaría los cargos del sistema de pago de pensiones del gobierno (“Pay-Go”) por $1.2 millones en el año fiscal 2026, “en contravención del Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico y la orden del Tribunal que confirmó el Plan de Ajuste”.

Además, citó un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) que plantea que el costo aumentaría en los años subsiguientes, a medida que más alguaciles se vuelvan elegibles para el retiro temprano. “OPAL predice que el aumento anual a los cargos de Pay-Go alcanzaría $2.1 millones en el año fiscal 2030″, añade la misiva.

“Aprobar legislación que contraviene el Plan de Ajuste, la Orden de Confirmación y (la ley) Promesa, y que es inconsistente con el Plan Fiscal, es fiscalmente irresponsable, obstaculiza la recuperación financiera de Puerto Rico y devuelve a Puerto Rico a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra y a la promulgación de Promesa. Considerando lo anterior, le exhortamos a no promulgar el P. del S. 1021″, reza la carta, fechada 30 de julio.

La legislación en controversia se radicó por petición, según el portal de trámite legislativo. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, figura como autor principal. La medida fue enviada a La Fortaleza, para la consideración de González, el pasado 20 de julio.

El Nuevo Día solicitó una reacción de La Fortaleza, pero al momento de publicación no ha obtenido respuesta.

Como “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, los alguaciles judiciales podrían acogerse voluntariamente al retiro una vez alcancen los 55 años de edad y acumulen 30 años de servicio. La JSF señaló que el retiro para la mayoría de los empleados cubiertos por la Ley 447-1951 es de entre 61 y 65 años de edad.

“Promulgar leyes que suponen un incumplimiento directo del Plan de Ajuste y la Orden de Confirmación expone al Gobierno de Puerto Rico a riesgos de litigación innecesarios y costosos”, lee la misiva.

La JSF advirtió que se reserva el derecho de recurrir a las facultades que le confiere Promesa, incluyendo acudir a los tribunales u otras acciones legales, para impedir que el proyecto entre en vigor o se implemente. “Esperamos que tales acciones no sean necesarias”, agregó.