La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó “con condiciones” tres órdenes ejecutivas de la gobernadora Jenniffer González y advirtió que el Fondo de Reserva de Emergencia no debe utilizarse para atender problemas operacionales, como las interrupciones del servicio de agua potable por labores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“La Reserva de Emergencia está destinada a situaciones extraordinarias, como desastres naturales u otras circunstancias acordadas con la Junta de Supervisión, que, por lo general, estén fuera del control humano y no sean prevenibles. No está destinada a atender situaciones de emergencia derivadas de ineficiencias operacionales”, plantea la misiva de la JSF, cursada el lunes.

Los decretos evaluados por el organismo incluyen la Orden Ejecutiva (OE) 2026-027, que declara un estado de emergencia ante la erosión costera en el sector Parcelas Suárez de Loíza y en la costa norte; la OE-2026-032, que declara un estado de emergencia en Río Grande y Canóvanas debido a las interrupciones programadas del servicio de agua potable; y la OE-2026-033; que declara un estado de emergencia en Carolina, Río Grande, Loíza y Canóvanas como consecuencia de los incendios forestales. Las últimas dos autorizan la activación de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

“La Junta de Supervisión ha advenido en conocimiento de la intención de utilizar (el) Fondo de Reserva de Emergencia para implementar las Órdenes Ejecutivas”, lee la carta.

En el caso de la erosión costera, la JSF señaló que el uso de dinero de la Reserva de Emergencia debería destinarse principalmente a necesidades de respuesta luego de desastres –como estabilización costera, retirada de escombros o restauración de barreras naturales– “y solo luego de que haya ocurrido un desastre, se haya declarado un estado de emergencia, y no se cuente con financiamiento federal para tales fines”.

Agregó que, como parte de la elaboración de un plan financiero multianual, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Gerencia de Permisos “deberían identificar los fondos necesarios para atender la erosión, combinando fuentes de financiamiento recurrentes con subvenciones federales, y recurrir a la ayuda de emergencia únicamente cuando sea necesario y tras la declaración de un desastre significativo”.

Por otro lado, sostuvo que el uso de la Reserva de Emergencia podría considerarse, en el caso de la OE-2026-032, en la medida en que la situación esté relacionada con las condiciones de sequía.

“Sin embargo, la falta de agua a consecuencia de las obras de reparación llevadas a cabo por la AAA no forma parte de la definición ni de los usos permitidos de la Reserva de Emergencia y, por lo tanto, la AAA debería buscar financiamiento a través de una fuente recurrente o destinada en específico a tal fin”, abunda la carta.

En cuanto a la orden relacionada con los incendios forestales, el ente determinó que “podría considerarse un uso admisible” de la partida en la medida en que la situación contemplada “atienda un estado de emergencia declarado oficialmente y constituya un acontecimiento extraordinario fuera del control humano, ante el cual los recursos presupuestarios disponibles al momento resulten insuficientes”.

El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, recordó a la gobernadora que la autorización del organismo es requisito para poder acceder la Reserva de Emergencia.

“Por último, aprovechamos esta oportunidad para recordarle la política y la expectativa de la Junta de Supervisión de que la gobernadora cumpla con sus requisitos, que incluyen la presentación de las órdenes ejecutivas propuestas a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación antes de emitirse, según lo exige (la ley) Promesa”, culmina la carta.