Más allá de señalar lagunas de datos sobre el impacto fiscal del proyecto de ley que busca crear plazas a “tiempo parcial” en el gobierno, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) advirtió este martes que la medida no necesariamente conllevaría mecanismos de ahorros, al considerar los beneficios marginales que comoquiera deben otorgarse al contratar empleados con jornadas más cortas.

“Entendemos que la creación de puestos a tiempo parcial no representa necesariamente un mecanismo de ahorro. Por el contrario, aun cuando estos empleados trabajen menos horas que un empleado regular a tiempo completo, el gobierno continuará asumiendo una serie de costos asociados al empleo. Como resultado de la medida, podría generar gastos recurrentes importantes dependiendo de la cantidad de puestos que se creen y de la magnitud del programa que finalmente se implemente. Sobre esto debe considerarse el posible costo de planes médicos patronales, así como otras obligaciones relacionadas con desempleo e incapacidad”, señaló la asesora legal de la OGP, Carmen Guillén, en vista pública de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.

El Proyecto de la Cámara 1050, del representante Joel Franqui, busca crear empleos a tiempo parcial de un máximo de 30 horas dentro de las agencias, corporaciones públicas y dependencias del gobierno. Según su exposición de motivos, la medida facilitaría la “integración de personas con limitaciones de tiempo, estudiantes, cuidadores y adultos mayores al gobierno”. A su vez, busca optimizar los recursos del gobierno mediante la contratación de personal para tareas específicas, reduciendo costos operacionales, defendió el autor.

“En esta etapa, el impacto fiscal de la medida es indeterminado, toda vez que esta pieza legislativa no nos provee información suficiente para cuantificar los costos o posibles economías que podrían resultar de su implantación”, replicó, no obstante, la licenciada Guillén.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) coincidió en “interrogantes presupuestarias y programáticas” sobre la medida, e insistió en que se debe probar su eficiencia para circunscribirse a los requisitos del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.

Desde el inicio de la vista, el presidente de la Comisión, el representante Roberto López Román, resaltó la ausencia de personal de la Oficina de Administración, Transformación y Recursos Humanos (OATRH), recalcando que no aceptaba su “excusa”.

“Para tener un mejor análisis de la medida, tenemos que contestar dudas y necesitamos el ‘expertise’ de ellos (OATRH). Le solicitamos un memorial en enero. La semana pasada, cancelé porque no podían venir. Ellos son los principales, los que nos pueden dar más luz para que las otras agencias, como AAFAF y OGP, nos puedan decir el impacto fiscal, pero estamos esperando por ellos”, dijo López Román a El Nuevo Día.

Este medio solicitó y aguarda por comentarios de la OATRH sobre las implicaciones de la medida.

Mientras, el doctor Osvaldo Guzmán López, de la OGP, precisó que el gobierno cuenta con 93,142 empleados activos y trajo un ejemplo hipotético para estimar el efecto de si un 1% de este grupo se acogiera a una jornada parcial.

“Si partimos de ese escenario (1%), serían 930 puestos. Si nos vamos al 2.5%, serían 2,326 puestos y el 5%, serían 4,652. Si tomamos un costo mínimo aproximado de $28,244 por el puesto parcial, ese salario, estamos calculando a 24 horas… si estamos hablando de 930 puestos, tendría un costo aproximado de $26.3 millones y así sucesivamente; un 2.5%, que serían 2,326 puestos, que sería $65.7 millones; y el escenario mayor de 5% de la plantilla sería un costo anual mínimo de $132.4 millones”,explicó.

La medida crearía el Programa de Empleo a Tiempo Parcial, administrado por la OATRH, en colaboración con agencias y municipios. “Cada agencia o municipio, en conjunto a la OARTH, deberá identificar las áreas donde la contratación de personal a tiempo parcial pueda mejorar su eficiencia operativa”, establece.

Pese a la falta de información, López Román defendió que el proyecto podría beneficiar a trabajadores experimentados, que “no pueden estar todo el tiempo trabajando por diferentes razones”, como personas con discapacidades, personas mayores de 65 años, jóvenes universitarios, entre otros.