Aunque sostiene que la controversia ya es tema resuelto, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, concedió este domingo “total deferencia” al Senado para que insista en su reclamo contra el Departamento de Justicia por la entrega de los 229 expedientes archivados que podrían incluir casos de corrupción pública, aun cuando ello implique un nuevo litigio en el tribunal.

“Cada legislador utiliza el medio que entiende adecuado para atender sus reclamos. El de nosotros fue hacer una investigación aparte, con un fiscal que no estuvo en esas investigaciones el cuatrienio anterior, y se atendió como tenía que atenderse”, sostuvo Peña Payano, durante la sesión dominical del “Asunto Semanal”.

El pasado martes, Justicia informó el “despacho y resolución” de 229 casos ante la consideración de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), pero rechazó entregar al Senado tanto las órdenes de cierre como los informes de los fiscales, al argumentar que son documentos protegidos por la jurisprudencia vigente.

Dos días después, justo luego que la gobernadora Jenniffer González presentara su Mensaje de Estado de Situación, la agencia anunció que no reabriría la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presuntas irregularidades durante su paso por el Departamento de Salud, y que tampoco realizaría una pesquisa preliminar por supuesto perjurio en su proceso de confirmación como titular de Familia ante el Senado.

Entre los casos cerrados, está la pesquisa que, desde 2022, pesaba contra Roig Fuertes.

“Nosotros le damos total deferencia a la Asamblea Legislativa... Si los legisladores de minoría entienden que hay prueba que quieran llevar al tribunal y gastar recursos del Estado luego de la investigación que hizo Justicia, también es el deber de Justicia defender la justicia no solamente cuando queremos que esté a favor de como va la aguja mediática”, señaló Peña Payano.

“No puede ser que creamos en la justicia cuando, en ocasiones, coincide con la apreciación mediática, pero cuando no coincide con la apreciación mediática decimos que no sirve o que no estamos de acuerdo”, subrayó el portavoz de La Fortaleza.

Tras la determinación del Departamento de Justicia sobre los casos archivados, el Senado aprobó el jueves una moción para conceder a la agencia 48 horas laborables adicionales para cumplir con el requerimiento de información sometido a principios de mayo, período que vence este martes. En la moción, presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, se solicita copia de las órdenes de cierre de las investigaciones archivadas.

“Ellos tienen una posición que defender, una reputación de sus empleados. Yo creo que es bueno, que es sano, que hayamos visto, en un mismo cuatrienio, estos ejemplos de cuando Justicia, incluso, va con personas afines a x o y administración y cuando se atiende con un análisis robusto el por qué no”, apuntó.

Hernández también dejó la puerta abierta a una pesquisa legislativa centrada en los señalamientos contra la secretaria de la Familia, quien ha insistido en “que no existió conducta ilegal ni intención alguna de faltar a la verdad durante mi proceso de evaluación”.

El presidente del Senado,Thomas Rivera Schatz, había planteado la posibilidad de dar paso a una investigación si Justicia despachaba el asunto, que se remonta al 2021, cuando Roig Fuertes, como directora de la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual en Salud, habría impulsado indebidamente la contratación de una empresa de seguridad para proveer servicios a un paciente.

“Cuando pasó lo de Vivienda, todo el mundo lo celebró porque coincidió con lo que querían los medios. En esta ocasión, un fiscal con criterio propio, independiente (a la investigación previa), concluyó ese análisis y no encontró, al momento, nada que permitiera reabrir la investigación o hacer un referido al Fiscal Especial Independiente (FEI) a otra agencia”, sostuvo el funcionario.

A principios de abril, Justicia recomendó asignar un FEI contra Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda, por una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes del que era dueña, en Yabucoa.

Según Justicia, Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.