Por entender que su difusión puede provocar percepciones en la opinión pública que inciden adversamente en la presunción de inocencia que cobija a toda persona acusada, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló presentó legislación para prohibir la transmisión de las vistas previo a la etapa de juicio.

“Esta medida no es improvisada. Llevo meses dialogando con fiscales, jueces y otros profesionales del sistema de justicia que han expresado preocupaciones sobre el impacto de la transmisión en tiempo real de estas vistas”, argumentó el legislador sobre el Proyecto de la Cámara 1211, radicado este miércoles.

La medida surge en momentos en que públicamente se cuestiona la transmisión de los procesos judiciales y cómo esta acción, presuntamente, incide en ciertas etapas de los procesos, como la selección de un jurado imparcial. “Lo que estamos atendiendo es el riesgo de que, en una etapa donde no se presenta toda la evidencia, se construyan narrativas incompletas que pueden afectar el derecho a un juicio justo, influir en potenciales jurados y generar una percepción de culpabilidad antes de que el caso llegue a su fondo”, puntualizó Rodríguez Aguiló.

Ayer, martes, el tribunal acogió una petición de la defensa de Anthonieska Avilés, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, para que, durante la transmisión de los procesos judiciales, no se muestre su rostro ni se divulgue su nombre, edad, lugar de residencia, estudios y empleos.

El reclamo de la defensa de Avilés surge en medio de preocupaciones relacionadas a su exposición pública, particularmente ante la presencia de medios de comunicación, tras alegar que la “abacoraron” cuando llegó el martes al Tribunal de Aibonito.

Actualmente, las transmisiones de procedimientos en las salas de los tribunales requieren de la autorización del Tribunal Supremo. La prensa también requiere de dicha autorización para tener acceso a estos procedimientos. “Aquí, no se está limitando la libertad de prensa ni el acceso a la información”, recalcó Rodríguez Aguiló.

La legislación, tal cual propuesta, agregaría un inciso a la Regla 8 de las “Reglas de Procedimiento Criminal” para que quede “expresamente prohibida la transmisión, difusión, retransmisión o publicación en tiempo real, por cualquier medio de comunicación, plataforma digital, red social o cualquier otro mecanismo tecnológico, del contenido de las vistas de determinación de causa para arresto”.

La prohibición aplicaría “tanto a las partes, sus representantes legales, medios de comunicación y cualquier otra persona que se encuentre presente en la sala o que tenga acceso al procedimiento por cualquier medio”. La violación de la disposición, de ser aprobado el proyecto, constituiría desacato al tribunal y podría dar lugar a sanciones conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

El proyecto mantiene el carácter público de los procesos judiciales y le permite al tribunal autorizar transmisiones de procedimientos para fines “estrictamente educativos o de supervisión judicial”.

“El propósito de estas vistas es determinar si existe causa probable, no convertirlas en un juicio paralelo. Cuando se transmiten sin control, se desnaturaliza el proceso, se puede obligar a presentar más prueba de la requerida y se expone innecesariamente a testigos y funcionarios. Más aún, existe un riesgo de contaminación del jurado, porque se difunde información que luego puede influir en quienes tendrán la responsabilidad de adjudicar el caso”, alegó el legislador novoprogresista.