Bajo el argumento de que su facultad constitucional de fiscalización ha sido lesionada, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, reclamó este martes al Tribunal de Primera Instancia que reconozca su derecho a demandar al Departamento de Justicia por las copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones archivadas desde septiembre de 2025.

En una moción presentada en la madrugada, la representación legal de Hernández Ortiz solicitó que se declare con lugar su petición y se ordene a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, la entrega inmediata de los documentos solicitados en la Petición de Información 2026-0063, aprobada unánimemente por el Senado.

“No albergamos duda que el senador Hernández Ortiz posee legitimación activa como miembro del Senado de Puerto Rico para instar el remedio judicial que ha presentado. Con este proceder, el senador no solo comparece para defender su facultad y prerrogativa como autor de la Petición de Información 2026-0063 que no ha sido respondida, sino también respaldado y autorizado por el pleno del Senado que consintió de forma unánime a que se instara esta acción si el Departamento de Justicia no proveía los documentos”, lee la moción.

El recurso radicado por los licenciados Erick J. Vázquez y Marena Navarro exige, además, que cualquier incumplimiento por parte del Ejecutivo sea procesado como un desacato civil.

“¿Cuánto más debe esperar el senador Hernández Ortiz para que se vindiquen sus prerrogativas, cuando ya fue debidamente autorizado por el pleno del Senado? ¿Debe depender un legislador de la minoría de una acción del presidente del cuerpo para llevar su reclamo al tribunal?”, agrega el documento.

La moción surge en respuesta a una orden de notificación, emitida el lunes por el juez superior Anthony Cuevas, en la que se le concedió a Hernández Ortiz un término de 24 horas para mostrar causa por la cual no se debía desestimar la demanda radicada contra Justicia por falta de legitimación activa.

La representación legal del senador sostiene, igualmente, que este cumple “rigurosamente” con los criterios de legitimación activa (“standing”) establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico para intervenir en controversias entre poderes. Según el recurso, Hernández Ortiz ha sufrido un “daño claro, palpable y real”, que dejó de ser “hipotético” tras cumplirse 29 días desde la petición original sin recibir respuesta.

“El resultado de esa inacción ejecutiva del Departamento de Justicia es que hoy el Senado y Hernández Ortiz se vean desprovistos de ejercer las funciones básicas de un legislador conferidas por disposición constitucional, entiéndase: ejercer su función fiscalizadora y debatir asuntos de interés público”, indica el recurso.

Detalla, también, que se han agotado “todos” los remedios legislativos para tener acceso a las órdenes de cierre. Esto incluye la aprobación unánime de la petición el 4 de mayo de 2026 y la concesión de prórrogas adicionales para cumplimiento. La defensa sostiene que existe una conexión directa entre el presunto daño sufrido por el senador y el recurso legal presentado al amparo del Artículo 34-A del Código Político, el cual faculta al foro judicial para auxiliar a la Asamblea Legislativa en la obtención de documentos o testimonios.

“No se trata solo de un interés individual, sino una acción institucional presentada en su capacidad de legislador, que como cuestión de realidad fue avalada y respaldada por el cuerpo legislativo... el legislador como autor de la petición podía instar cualquier causa de acción judicial para vindicar sus funciones constitucionales”, dispone la moción.

Hernández Ortiz exige, específicamente, el listado de los casos archivados en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, así como copia de la orden de cierre y archivo emitida para cada uno de los 229 casos cerrados como resultado de la firma de la Orden Administrativa 2025-09, que instruyó a reevaluar las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad.

Entre las investigaciones cerradas, está la que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el pasado cuatrienio. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente.

Durante las pasadas semanas, Justicia ha sostenido, sin embargo, que la divulgación de estos informes laceraría “irremediablemente” la efectividad de futuras investigaciones y expondría estrategias fiscales protegidas por ley. La agencia sostiene que se trata de documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas contra las que no se halló causa.