El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, adelantó este lunes que, como parte de la pesquisa sobre el contrato concedido a Power Expectations, referirá al zar de Energía, Josué Colón, y al abogado Juan González Galarza ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General.

El primer informe sobre la investigación legislativa estaría listo la semana próxima, indicó Parés, en entrevista con El Nuevo Día.

“Vamos a referir al ingeniero Josué Colón, al licenciado Juan González Galarza, entre otros. Obviamente, el trabajo investigativo está en etapa final, aún no terminado, pero esperamos ya... Esos nombres van a estar directamente referidos”, manifestó el representante novoprogresista por la vía telefónica.

González Galarza es asesor de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que dirige Colón –quien no estuvo disponible para entrevista–, así como también de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Ya estamos en la etapa final del primer informe, que incluye las primeras tres vistas que se hicieron, que estuvo Josué Colón, Osvaldo Carlo, que estuvo Mary Zapata. Además, que tenemos más de una giga de documentos que se sometieron a la Comisión de Gobierno”, detalló Parés.

“Toda esa data, más las vistas públicas, ya estamos terminando este informe, que va a conllevar esas tres vistas iniciales para, finalmente, aprobarlo la semana que viene en la Cámara de Representantes y referirle, entonces, a la gente que vamos a referir, que es Justicia, que es Ética, que es la Inspectora General”, agregó.

El informe debe ser avalado por el pleno de la Cámara de Representantes. A preguntas de este medio, Parés no quiso adjudicar si identificó la posible comisión de delitos en la contratación de Power Expectations. El acuerdo con la empresa finalmente fue cancelado en agosto.

“Pudieran haber algunas acciones que conllevaría que sean analizadas por las agencias investigativas a ver si son delitos o no son delitos”, sostuvo.

Señaló que harán los referidos porque la pesquisa detectó “irregularidades” en el otorgamiento del contrato de generación temporal por cerca de $5,887 millones a 10 años.

“El proceso fue un proceso totalmente irregular. Fue un proceso que realmente –para mi juicio y en base a lo que hemos visto– no cumplía con los elementos de transparencia, con los elementos que tienen que existir cuando usted maneja un contrato de esta magnitud”, afirmó el representante.

Planteó que la Ley 120 del 2018, que dio vida a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) de la AAPP, debe ser enmendada para ponerle “garras” que impidan una situación similar a la ocurrida con Power Expectations.

“Hay que legislar para que, primero, brinden cuentas a Ética Gubernamental”, subrayó.

El análisis previo a la firma del contrato fue encabezado por Carlo, presidente del 3PPO. Zapata, la ex directora ejecutiva de la AEE que firmó y luego canceló el contrato de Power Expectations, ha argumentado que se le mantuvo al margen del proceso de análisis previo.

De acuerdo con Parés, este tipo de contratación debe ser adjudicada por un ente “creado por ley y que rinda cuentas tanto a Ética Gubernamental como al Contralor de Puerto Rico porque son elementos que hoy día están ausentes”.