El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez, atribuyó este jueves a la “maldad” las alegaciones sobre un supuesto chat con los cuatro estudiantes de Loíza cuyo traslado a una actividad política en Camuy es investigado por las autoridades.

“Las alegaciones sobre un chat en el que supuestamente participo con menores vienen con la maldad de que se infiera alguna acción indebida de mi parte”, expresó el legislador en una publicación en sus redes sociales.

Sus declaraciones surgen luego de que El Nuevo Día supiera, mediante fuentes, que la madre de uno de los estudiantes divulgó al Departamento de Justicia el contenido de un chat que supuestamente creó el senador e incluyó a los cuatro menores después de la actividad en Camuy.

Sánchez sostuvo que cualquier señalamiento que involucre a menores debe atenderse con seriedad y reclamó que las investigaciones se realicen a profundidad.

“Toda denuncia o imputación tiene que tomarse con suma seriedad e investigarse. Bajo ninguna circunstancia debe tratarse livianamente situaciones que involucren menores. Al presente hay varias autoridades competentes investigando el asunto, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y la Comisión de Ética del Senado”, manifestó.

El senador también hizo referencia a la representación legal de las familias y a las consecuencias legales de sus acciones.

“Los padres y los menores involucradas están asistidas por abogados por lo que deben estar orientados y claros sobre sus derechos y las consecuencias legales de todas las acciones”, escribió.

Asimismo, pidió que, una vez concluyan las investigaciones, se publiquen los resultados y la evidencia completa.

“La mejor forma de proteger a los menores es manejando con diligencia, celeridad y profesionalismo este asunto. A eso me atengo con la conciencia limpia y tranquila”, puntualizó.

La madre de uno de los cuatro estudiantes acudió, el miércoles, a Justicia junto a su hijo para prestar testimonio como parte de la investigación sobre el traslado de los alumnos de undécimo grado de la escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, en Loíza, durante horario lectivo.

“En efecto, ella compareció allí (a Justicia) con el menor. Pero más allá de eso no puedo abundar. Se trata del menor en este caso”, confirmó a este medio su abogado, Joel Osorio Chiclana.

Según fuentes de El Nuevo Día, los padres de los demás estudiantes también fueron citados ante Justicia junto a sus hijos.

La actividad política se celebró el 14 de octubre en Camuy para ratificar el Comité Municipal del PNP, presidido por el alcalde Gabriel Hernández. Participaron varios legisladores, entre ellos Sánchez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Osorio Chiclana había explicado que la madre autorizó verbalmente la salida de su hijo bajo la representación de que asistiría a una gira escolar en Camuy, no a un evento partidista.

Según las alegaciones que detalló el abogado, una persona recogió a los estudiantes en la escuela en un vehículo privado que supuestamente pertenece al senador.

Posteriormente, les proveyeron camisas y gorras para asistir a la actividad política, y el propio legislador los regresó a sus hogares pasada la medianoche.

El senador, por su parte, había asegurado que la participación en el evento “surgió del interés de los propios jóvenes y contó con la autorización verbal de sus padres”.

El legislador también atribuyó la querella a adversarios del Partido Popular Democrático (PPD) en Loíza. Osorio Chiclana, quien preside la Legislatura Municipal de ese municipio por el PPD, rechazó que la denuncia tuviera motivaciones políticas.

“No tiene que ver con política. Lo que se alega es corroborable”, sostuvo el abogado.

Tras la denuncia, el Departamento de Educación mantiene una investigación y separó provisionalmente del plantel a la consejera Mariel Lacén y a la directora Militza Córdova, quienes alegadamente permitieron la salida de los estudiantes.

Justicia confirmó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor evalúa un referido relacionado con Sánchez, pero declinó ofrecer detalles para salvaguardar la integridad y confidencialidad del proceso.

El Departamento de la Familia también informó que inició una investigación tras conocer las alegaciones a través de las redes sociales.

En el Senado, Rivera Schatz relevó a Sánchez de la presidencia de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, a petición del propio legislador, y ordenó el inicio de un procedimiento ético.

El presidente de la Comisión de Ética, Juan Oscar Morales, había indicado que, una vez recibiera el referido de la presidencia, procedería a acogerlo y evaluar el curso de acción conforme al Código de Ética.

La gobernadora Jenniffer González, en tanto, calificó los señalamientos como “bastante serios” y sostuvo que aguardaría por los resultados de las investigaciones.