La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, denunció que la decisión del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de retirarle fondos federales al Municipio de Aguadilla, luego de declararse como una ciudad santuario para las personas inmigrantes, es un acto de intimidación de parte del gobierno estatal.

En ese sentido, instó a los municipios a no “ceder” ante las presiones del gobierno, porque, con ello, pueden estar dejando de proteger los derechos humanos y civiles no solo de las personas inmigrantes, sino de toda la comunidad.

“Vemos, de parte del gobierno central, de Jenniffer González y del DSP, que se envía este mensaje de que le van a cortar fondos al Municipio de Aguadilla en un claro intento de censurar lo que es la autoridad del Municipio de Aguadilla, de limitar sus poderes y de imponer la política federal abusiva en los municipios”, consideró Martínez Orabona.

La abogada de la ACLU aseguró que esta acción es una “táctica de infundir miedo, no solamente en las comunidades, sino también incluso en los gobiernos municipales”.

En tanto, vio positivamente que el alcalde aguadillano, Julio Roldán Concepción, se haya sostenido firmemente en la aprobación de la Ordenanza Municipal 82, que reconoció al municipio como una ciudad santuario y que prohíbe a los empleados municipales colaborar con agencias federales en intervenciones relacionadas con asuntos migratorios.

“Desde que firmé esta ordenanza, expresé que esto sucedería, que vendrían a tratar de intimidar. Yo me hago responsable de dar la lucha por la dignidad de cada ser humano que habite mi pueblo”, expresó el ejecutivo municipal.

El 21 de julio, el secretario del DSP, Arturo Garffer, envió una carta a Roldán Concepción en la que le informaba que removería los fondos federales asignados al ayuntamiento mediante la Operación Stonegarden (OPSG). Particularmente, el jefe de la agencia de seguridad indicó que retirarán $150,000 otorgados en el año fiscal 2023, y $95,903 del año fiscal 2024.

“Esta política representa un incumplimiento con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”, enfatizó Garffer en la misiva.

El OPSG es el programa del Departamento de Seguridad Nacional que otorga subvenciones a agencias locales y estatales para mejorar la cooperación y coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en el fortalecimiento de la seguridad de las fronteras del país norteamericano y sus territorios.

“El Departamento de Seguridad Nacional, mediante sus agencias componentes, establece como requisito esencial la colaboración activa entre los gobiernos locales y las agencias federales para el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. En virtud de lo anterior, la postura adoptada por el Municipio de Aguadilla mediante la Ordenanza 82 constituye un impedimento para continuar con la participación en el programa”, enfatizó Garffer en el escrito.

Roldán Concepción dijo sentir “vergüenza” por el proceder de Garffer y sus motivaciones para emitir la carta. Asimismo, alertó que la decisión pone en jaque la seguridad de las personas que habitan en Aguadilla, incluyendo a los inmigrantes, a quienes destacó como parte del “tejido social, económico y cultural” del municipio.

“Quisiera saber si este señor leyó el acuerdo que el gobierno municipal tiene con el gobierno federal en la cooperación de trabajos de vigilancia nocturna, velando no solo la entrada de indocumentados, sino la entrega ilegal de droga y armas por nuestras playas. Esas funciones han continuado cabalmente todo este tiempo de manera ininterrumpida”, subrayó.

“Todos somos testigos de las intervenciones que han venido haciendo las autoridades federales de manera hostil, sin empatía con las personas que intervienen y sin un debido proceso de ley. Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia buscando únicamente que estos procesos se hagan bien y conformes a la ley, libre de discrimen y prejuicios. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, agregó el alcalde.

Además de Aguadilla y Hormigueros, por lo menos, otros cinco municipios consideran aprobar ordenanzas en favor de las poblaciones extranjeras, ante una ofensiva antiinmigrante que lidera la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Sabemos que hay otros municipios que también están considerándolo, porque nosotros estamos en conversaciones con ellos”, detalló la directora de la ACLU.

“Nuestro llamado es a que los municipios no se dejen intimidar por un gobierno que no tiene la razón, que no se justifica. No hay justificación legal para lo que están haciendo, pero mucho menos se justifica moralmente ni éticamente lo que está haciendo el gobierno de Trump ni el gobierno de Jenniffer González”, puntualizó Martínez Orabona.