Entre sus tareas más urgentes, el nuevo gobierno tiene que atender la gran cantidad de adultos mayores que quedan desamparados y requieren la protección del estado.

En los pasados seis meses, el Departamento de la Familia ubicó en hogares sustitutos a 725 adultos mayores, lo que representó asumir la protección de unas 120 personas mensualmente. Esos números superan -por mucho- la cantidad de ancianos que esa agencia relocalizaba en hogares de cuidado prolongado anteriormente, pues representan más del doble de los 328 ancianos que Familia ubicó en estas instituciones en todo el año fiscal 2015-2016, según estadísticas suministradas por la agencia.

Esas estadísticas representan personas que se sumaron a las que ya están en el programa de protección de Familia, bajo el cual el estado asume el pago del hogar, los medicamentos y demás gastos. En 2015-2016, había un total de 3,381 personas en ese programa, mientras que actualmente son cerca de 4,800, según el saliente secretario de la Familia, Orlando López Belmonte.

“Esto ha ido creciendo y, en los últimos tres meses, la tendencia ha sido bien marcada. Muchos llegan referidos por municipios, por ciudadanos que llaman a la línea de ayuda y otras personas son referidas por los hospitales, porque los familiares se fueron del país y los dejaron allí o porque no se los pueden llevar para sus casas”, explicó López Belmonte.

El ahora exfuncionario agregó que, obviamente, el significativo aumento en las personas mayores que Familia tiene que sostener económicamente tiene un impacto en el presupuesto de la agencia y tuvo que buscar fondos adicionales. “Estamos proyectando un gasto de $53 millones”, para el año fiscal corriente, dijo.

López Belmonte destacó que los referidos de los hospitales son cada vez más frecuentes y que entiende que el alza ocurrida en el pasado año y medio es reflejo con lo ocurrido tras el azote del huracán María, en 2017, cuando muchos adultos mayores quedaron solos y desprotegidos luego que sus familiares emigraran.

El aumento se refleja en las estadísticas anuales de Familia, pues en el año fiscal 2017-2018, los hospitales refirieron 285 adultos mayores a la agencia; en el fiscal 2018-2019, hubo 218 referidos; y en el 2019-2020, fueron 585. Mientras, en los pasados seis meses, esos números subieron a 319 referidos. Esos referidos de hospitales representan casi el 50% de todos los que Familia ha atendido en ese medio año.

El perfil de las personas que la agencia ha acogido en ese período revela que la mayoría está en los grupos de edad entre 60 y 89 años y que el 55% son varones. En el grupo de personas que Familia ubica en hogares de cuidado prolongado también hay adultos con diversidad funcional. En los pasados seis meses, ese grupo ha sido de 95 personas.

En la agenda urgente del nuevo gobierno también tiene que estar la apertura de un hogar de transición para ancianos que residen en hogares geriátricos y que tienen COVID-19 de forma asintomática.

La urgencia se debe a que el plan del gobierno saliente falló y, luego de haber contratado a una empresa, tuvo que cancelar el acuerdo. El proyecto es necesario porque muchos hogares no tienen espacio para aislar a los ancianos que se contagien y así evitar que los demás residentes enfermen.

A mediados de octubre, en este espacio se anticipó que Familia establecería dos hogares transicionales para ancianos que viven en asilos, que se contagiaran con COVID-19 y fueran asintomáticos.

El plan, que tendría un costo de cerca de $1.2 millones, fue recomendado por el Departamento de Salud, el Elderly Justice Task Force de Fiscalía Federal y las asociaciones de dueños de hogares, entre otros. Se contrató a una empresa, que no fue identificada por Familia.

Pero, López Belmonte dijo que “el operador que contratamos se tardó mucho en abrir. Ya tenían la instalación, pero tuvieron problemas en la contratación del local y en poderlo operar. No pudieron completar el acuerdo y cancelamos. Tuvimos un segundo operador, pero no pasó los requisitos del área de licenciamiento de hogares. Era una empresa local, que manejaba un centro de cuido”.

El exfuncionario aseguró que “ahora tenemos un tercer operador, que no es dueño de hogar, pero va a operar en un espacio en Vega Alta, que era un hogar y que tiene un espacio con 60 camas. Es una persona con experiencia en hogares, pero estaba retirado y (ahora) adquirió estas facilidades”.

Indicó que el contrato está adelantado y “lo que falta es que terminen de traer la documentación y firmar” bajo la tutela de la nueva secretaria de Familia. Destacó que el contrato es a seis meses, que es de $1 millón y que será financiado con fondos del CARES Act.

El hogar transitorio continúa siendo necesario, aunque inicie la vacunación contra el COVID-19 de los residentes de instituciones geriátricas pues el proceso tomará unas semanas. Hasta noviembre, Familia había otorgado licencias a 1,103 hogares de cuidado prolongado. A esa fecha, había 4,164 residentes.