La representación legal del exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, contestó la querella que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó en su contra el pasado 29 de octubre y alegó que no fue ilegal la contratación de la licenciada Janet Parra como su abogada, pues le paga como cliente con su propio dinero.

Parra Mercado fue contratada por Domenech para representarlo en el caso que tiene pendiente ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tras las imputaciones que hiciera en su contra el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

La ley orgánica de la OEG establece que “un exservidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o indirectamente, con una agencia, persona privada o negocio, sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo”.

La querella de la OEG alega que Domenech autorizó la contratación de Parra en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), el 18 de agosto de 2025, mediante la Plataforma de Procesamiento Electrónico. La contratación, por $125,000, fue efectiva hasta el 30 de junio de 2026 y que el exsecretario a cambio se le está ofreciendo la representación de Parra como un beneficio.

No obstante, Domenech alegó que le paga a Parra por sus servicios profesionales, al precio del mercado, y de dinero de su propio bolsillo.

Además, de acuerdo al documento legal, firmado por el abogado Iván A. Rivera Reyes, “no es la función del Secretario de la Gobernación seleccionar, negociar ni otorgar contratos” por lo que Domenech no tuvo que ver en la contratación de Parra como abogada en el CFSE.

El recurso afirma que la labor del puesto que ostentaba Domenech bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González era de “pre-intervención” y que esto “no equivale a participación personal y sustancial en un contrato particular”.

“Domenech no seleccionó ni propuso a la contratista; la acción oficial no fue ‘sobre’ la persona privada Janet Parra, sino sobre el cumplimiento fiscal de la CFSE”, apunta además el documento.

El exfuncionario reiteró además que tiene un derecho constitucional de contratar una representación legal de su preferencia.

“Ninguna norma, opinión consultativa ni procedente de la OEG advertía que el Artículo 4.6(c) prohíbe a un exservidor contratar a un abogado para su defensa. Imponer una sanción a base de una interpretación tan restrictiva como lo pretende la OEG viola el debido proceso de ley en su vertiente sustantiva”, afirmó la contestación de Domenech.

El debido proceso de ley es una doctrina de Derecho en Puerto Rico que establece que las personas tienen una misma protección de ley bajo la Constitución de Puerto Rico.

“La querella de la OEG descansa en una interpretación viciosa de la ley, que convierte una norma pensada para evitar el aprovechamiento de haber hecho alguna función gubernamental en un obstáculo para el derecho constitucional que le asiste a toda persona de estar representado por el mejor abogado en la materia que confronta y poder defenderse efectivamente”, indicó el exsecretario en sus redes sociales luego de que se revelara la querella en su contra en octubre.

La OEG también mantiene una querella ética activa en contra de la ex subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y las gestiones que hizo en el DDEC para la contratación de su compañero sentimental, Luis Alberto Sánchez Andino, mediante la empresa inscrita por este llamada Next Wave Solutions, LLC. A García, la OEG le imputa violar el Artículo 4.2 (s) de la Ley 1-2012, que establece que “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

Domenech y García abandonaron sus puestos en el gobierno el pasado agosto luego de que el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard denunciara que fue presionado por ambos para mantener funcionarios de esa agencia en sus puestos, pese a alegaciones de favorecimiento en contrataciones gubernamentales.