La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobierno electo que no debe implantar una ley, firmada por la gobernadora Jenniffer González en julio, que define los plazos aplicables al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras dependencias para las recomendaciones vinculadas a solicitudes de permisos de construcción y uso.

Según el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, la Ley 111-2025 es inconsistente con las políticas establecidas en el plan fiscal certificado al “insertar” al DRNA en procedimientos que deben ser jurisdicción exclusiva de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y “conceder al DRNA funciones independientes y paralelas relacionadas con solicitudes de permisos que impactan políticas públicas dirigidas a los recursos naturales del gobierno”.

“Esta acción contradice directamente la intención del plan fiscal revisado de 2024 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de centralizar todos los procesos de permisos en OGPe”, enfatizó Mujica en una carta remitida el martes a la primera ejecutiva, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el líder de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

La Ley 111, en síntesis, estipuló que la OGPe tendrá la discreción de extender, por hasta 30 días, el término para que agencias o municipios emitan sus comentarios en torno a un proyecto “en casos de naturaleza de mayor complejidad” y enmendó la ley orgánica del DRNA para disponer, entre las responsabilidades del secretario, “asesorar, orientar, guiar y apoyar mediante comentarios de la OGPe o la dependencia gubernamental que le sustituya y a los municipios concernientes, en la toma de decisión de estos, sobre la evaluación de permisos”.

Asimismo, el estatuto ordenó al DRNA y la OGPe modificar sus respectivos reglamentos para incorporar las nuevas disposiciones, un trámite que, según la JSF debe ser delegado exclusivamente en el Reglamento Conjunto de Permisos, el documento centralizado que maneja la Junta de Planificación. Mujica sostuvo, de igual manera, que el proceso de reglamentación podría representar gastos no contemplados en el plan fiscal.

De acuerdo con Mujica, la Ley 111 falló al no definir los casos de “mayor complejidad” que justificarían una extensión en los plazos de análisis del DRNA u otras dependencias.

“La ausencia de una definición (…) amenaza con convertir el periodo de 30 días adicionales en una ocurrencia común”, señaló.

Por otro lado, si bien se trata de un lenguaje que ya contenía la Ley 23-1972 –estatuto que creó el DRNA–, la JSF requirió al gobierno enmiendas que atiendan la “autoridad del secretario para emitir permisos para el uso de activos localizados en la zona marítimo terrestre”, al “sustituir el término ‘permisos’ en los artículos 5(g) y 5(h) por ‘autorizaciones” para dejar claro que la responsabilidad legal de expedir permisos recae en OGPe y evitar esfuerzos duplicados y paralelos”.

Bajo las disposiciones de la Ley 23 y el Reglamento 4860 del DRNA, la agencia históricamente ha expedido las llamadas “concesiones”, que autorizan el desarrollo o uso de estructuras costeras –como muelles, villas pesqueras o instalaciones de investigación académica– cuya utilidad sea dependiente de su cercanía al agua.

En lo que va de año, esa facultad del DRNA ha estado bajo la lupa ante el proyecto de administración de González que busca autorizar concesiones a largo plazo para las casas construidas en el área de La Parguera, en Lajas, donde sus suegros han mantenido –por décadas– una residencia que ha sido objeto de investigaciones a nivel estatal y federal.