El Municipio de San Juan y la Junta de Planificación (JP) firmaron un convenio de delegación de facultades, a través del cual el ayuntamiento adquirió la máxima autonomía posible para la evaluación y concesión de permisos, y con el que el alcalde Miguel Romero prometió darles tratamiento expedito a los proyectos de recuperación en la capital.

Entre esas obras, Romero mencionó la restauración de la calle Fortaleza y del Parque Lineal Enrique Martí Coll, así como mejoras en las plazas del Viejo San Juan, Barrio Obrero y Roosevelt.

También, aludió a proyectos de infraestructura de banda ancha (internet), optimización del alcantarillado pluvial y acceso de agua potable para comunidades remotas.

“(Los sanjuaneros) van a ver que, en tiempo récord, los proyectos de CDBG-DR (Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres), los de revitalización de la ciudad, se van a estar tramitando. Aquí, había fondos asignados desde marzo de 2020 que ni siquiera se habían solicitado, y estamos hablando de $21 millones exclusivos para San Juan. Corrimos esos procesos y ya hemos radicado cerca de $15.6 millones de esos $21 millones, y todo lo hemos hecho a través de nuestro sistema”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Agregó que, bajo la ley del “American Rescue Plan” (ARPA), San Juan tiene una asignación “sin precedentes” de $237 millones, de los cuales ya se han autorizado $118 millones para varios proyectos. “Al tener nuestra autonomía y nuestro propio sistema de permisos, el impacto en la economía va a ser mucho más rápido”, recalcó.

El convenio con la JP se firmó el mes pasado, y conllevó la aprobación de una ordenanza para establecer la “Transferencia de Facultades sobre la Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de San Juan”. El pacto se dio en virtud del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), que permite proveer a los ayuntamientos aquellos poderes y facultades que potencien su función a favor del desarrollo socioeconómico.

Con el acuerdo, que también supuso la transferencia de funciones de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Municipio de San Juan obtuvo la Jerarquía III –la mayor posible– para la planificación de su espacio. Algunas de las funciones a cargo del ayuntamiento incluyen aprobar permisos provisionales, variaciones de uso y consultas, hacer las inspecciones del Departamento de Salud y el Negociado de Bomberos, y cobrar tarifas.

“Para mí, era algo de gran interés tener la mayor jerarquía. Esto nos ayuda porque permite un desarrollo ordenado de la ciudad, en virtud del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Además, nos permite uniformar procesos internos, lo que será de mucha ayuda con los fondos de recuperación dirigidos a desarrollar proyectos de resiliencia y vivienda, entre otros. Esos proyectos, cuando sean sometidos, tendrán la mayor prioridad”, expresó Romero.

Contó que, a nivel interno, la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial y la Oficina de Permisos y Plan de Ordenación Territorial se consolidarán “para que la comunicación y eficiencia se promuevan”. Además, se contratarán 11 inspectores, para tener entre 16 y 20, y “podamos manejar la cantidad de solicitudes que lleguen”. Abogados, ingenieros y analistas de datos, entre otros profesionales, también serán reclutados “porque, cuando asumes este rol, tienes que tener recursos para ser eficiente”.

Según Romero, los fondos para la contratación del personal adicional saldrán, principalmente, del pago que conllevan las solicitudes de permisos. “Va a ser una operación que se sostendrá sola por la cantidad de casos que llegan al Municipio”, dijo, y añadió que, en términos de fiscalización, el convenio provee para que la JP intervenga cuando lo crea necesario y conlleva que las comunidades sean notificadas siempre que se trabaje un proyecto en su entorno.

“Y claro está, los recursos (fondos federales) de recuperación tienen reglas claras en cuanto a ‘procurement’ (obtención), desde el proceso de subasta y validación de procesos competitivos hasta las inspecciones finales”, resaltó.

El convenio entre el Municipio de San Juan y la JP tendrá una vigencia de 10 años. No es la primera vez que ambas partes firman un pacto de este tipo. El primer acuerdo se logró en 2009 y duró hasta 2014. Sin embargo, Romero describió el actual como “más abarcador”.

“Salvo que sea el desarrollo de algo tan grande como Plaza Las Américas o un complejo hotelero de más de 200 habitaciones, tendríamos todo lo demás. El Municipio será el promotor de desarrollo económico. Aquí, hemos perdido, en los pasados 10 años, casi el 20% de la población y, si queremos recuperar eso y crecer poblacionalmente, este convenio será clave”, declaró, tras mencionar que el casco de Río Piedras y los alrededores de las estaciones del Tren Urbano, por ejemplo, “requieren una inversión significativa en infraestructura”.

“Tenemos una oportunidad única de utilizar el convenio de delegación y posicionarnos como protagonistas a nivel de permisos, como una herramienta de promover la inversión de capital en la ciudad de San Juan”, puntualizó.