La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico refirió a las autoridades “irregularidades” que alega haber identificado en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Caguas.

En un comunicado de prensa, la OIG señaló que durante una evaluación de varias transacciones “se identificó que en el centro CESCO de Caguas se emitieron cerca de un centenar de certificaciones negativas en las que no se localizaron documentos, registros ni evidencia relacionados con las transacciones realizadas. La OIG refirió los hallazgos también a las autoridades con jurisdicción”.

También detalló que las “irregularidades” fueron encontradas en la estructura de controles de ese CESCO, donde observaron “la falta de reglamentos para adjudicar el estatus de multas, hallazgos que revelan que persisten deficiencias y faltas administrativas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que pudieran resultar en esquemas fraudulentos para la modificación de multas e información en sus sistemas”.

“La investigación descubrió que, empleados en roles no autorizados para efectuar modificaciones en el sistema, tales como administradores, oficiales de oficina, oficinistas, educadores a conductores, así como funcionarios y auxiliares administrativos del CESCO de Caguas, disponen de accesos con permisos extensivos en el sistema de información de conductores y vehículos”, apuntó la OIG.

“Estos permisos les permiten realizar transacciones críticas, incluyendo la modificación o eliminación de multas, la gestión de planes de pago, entre otras acciones”, agregó.

Asimismo, destacó que el sistema DAVID+ “permite que estos operadores modifiquen el estatus de las multas sin aprobación de sus supervisores o de la dirección del CESCO, lo que provoca mayores errores y la comisión de irregularidades que, por falta de controles, no se detectan oportunamente”.

La OIG explicó que intervino después de que recibiera “información” sobre “posibles irregularidades en la modificación del estatus de multas administrativas por empleados del CESCO de Caguas”, por lo que evaluó archivos correspondientes al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

“La falta de normas y controles adecuados en el uso del sistema DAVID+ representa un riesgo para la integridad de la información y dificulta la fiscalización efectiva de los procesos administrativos relacionados con la gestión de multas”, lee el informe autorizado por la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera.

De igual forma, la OIG observó que el diseño de la base de datos carece de reportes o alertas automáticas para detectar irregularidades en tiempo real, y tampoco incluye una función para almacenar evidencia digital, lo que dificulta la verificación de transacciones y aumenta el riesgo de pérdida o manipulación de documentos al ser conservados físicamente en sobres y cajas sin clasificación uniforme.

Abundó que, en una inspección ocular, la OIG también identificó que no existen mecanismos de seguridad para acceder a los archivos y que sobres y cajas con documentos han sido almacenados en áreas no autorizadas, incluyendo pasillos y espacios comunes de diversas áreas de servicio del CESCO, lo que afecta la confidencialidad y el resguardo de la información perteneciente a ciudadanos y entidades que utilizan los servicios de la dependencia.

Durante la investigación, la OIG también identificó que la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) carece de reglamentación, normativas o directrices formales que definan, interpreten y regulen de manera clara y uniforme los distintos estatus de las multas dentro del sistema DAVID+.

Además, a través de entrevistas a empleados, la agencia fiscalizadora confirmó que existen prácticas internas no uniformes y diferencias en la documentación requerida para respaldar los estatus de multas “Pagadas”, “Canceladas”, “Invalidadas”, “Expiradas”, “No pagada”, entre otras, dentro del sistema DAVID+.

Según el informe, dicha carencia impacta la correcta aplicación de la Ley 22-2000, ya que, ante la ausencia de directrices claras y uniformes, no es posible determinar con certeza cuál es la actuación adecuada conforme a la política pública vigente, lo que afecta tanto la gestión administrativa como los procesos investigativos.