La querella de una mujer llevó a la Policía a destapar un elaborado esquema de fraude con transacciones ilegales para saldar multas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El resultado fue la radicación de 135 cargos criminales contra 33 personas, con una fianza global de $1.2 millones, después de que el gobierno perdiera $300,000 por el esquema.

De acuerdo con la investigación, todo empezó con el hurto de la información de la tarjeta de crédito corporativa de alguien que la Policía describió como una adulta mayor.

Aunque no se ha precisado cómo los imputados obtuvieron dicha información, la Policía dijo que habría ocurrido en algún momento de la primera mitad del año 2021.

Lo que sí arrojó la investigación es que se identificaron sobre 100 transacciones ilegales entre junio y septiembre de 2021.

Entre los acusados figura un “gestor” autorizado para realizar tramites con el DTOP, así como “intermediarios” y “facilitadores”.

Según la pesquisa encabezada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía, se corrió la voz de que había ciertas personas, como supuestos gestores no certificados o empleados de negocios de gestoría, que podían saldar las multas por cantidades menores a las que debían los ciudadanos.

Algunos de los imputados ofrecían los descuentos, cobrando a cierta cantidad de lo que costaba la multa original.

“Son dos personas. Está el líder de la organización, y el ayudante de él, que era el que buscaba y reclutaba otras personas para cometer el fraude”, dijo el teniente José Ayala, director de la División de Robo a Bancos, en conferencia de prensa.

Entonces, para pagar la multa al DTOP, usaban la aplicación de CESCO Digital, que se puede usar para pagar cualquier multa.

Sabiendo que no se trataba de empleados del Centro de Servicio al Conductor (CESCO), los ciudadanos le suministraban la información de sus multas, llegando a acuerdos para pagarles - en ocasiones - la mitad de lo que debían al gobierno.

Acto seguido, en sus teléfonos, los sospechosos ingresaban la información de los multados en la aplicación de CESCO Digital.

Pero, cuando llegaban a la parte de pagar, ponían la información hurtada de la tarjeta corporativa de la adulta mayor.

Si, por ejemplo, la multa era de $2,000, el sospechoso le cobraba $1,000 y se quedaba con el dinero, por lo que DTOP no recibía un solo centavo de esas transacciones.

Entre los imputados hay personas que solicitaron saldar las deudas.

La fiscal Roxanne Rivera sostuvo que todos “conocían que estaban participando de un esquema ilegal, porque el pago que le están emitiendo a terceras personas en la calle, no son empleados del CESCO”.

“Están pagando por debajo de la mesa lo que le dice la tercera persona que corresponde su pago”, agregó la fiscal en conferencia de prensa.

Varias semanas después, la mujer se percató de transacciones que no había realizado y reclamó al banco.

Por tratarse de pagos que se hicieron sin tener la tarjeta físicamente, la institución bancaria revirtió las transacciones al Departamento de Hacienda.

Mientras, en aquel momento el sistema que utilizaban no permitió que Hacienda pudiera revertir a su vez las transacciones con DTOP, por lo que el gobierno resultó asumiendo la pérdida de $308,573.13.

“Esta operación lleva el nombre ‘Eslabón’ por una razón. En un esquema como este, cada persona que participa cumple una función dentro de una cadena: el que ejecuta el fraude, el que lo facilita y el que sirve de intermediario, el que sabe que algo es ilegal y decide beneficiarse de ello”, dijo el superintendente de la Policía, Joseph González.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y les fijó una fianza global de $1,231,000.

Los cargos son por apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de fondos públicos y fraude.

Del total de imputados ayer en ausencia, a media mañana de hoy habían detenido 24 en Carolina, San Juan, Bayamón, Caguas, Arecibo y Humacao.

De resultar culpables, se exponen a una pena fija de 15 años de cárcel por el delito de apropiación ilegal de fondos públicos, mientras el cargo de fraude implica una sentencia fija de ocho años.