El convicto Jensen Medina Cardona y otros 23 acusados tendrán hasta el 2 de diciembre para definir su próximo paso en el caso federal que enfrentan por presuntamente participar en un esquema de tráfico de drogas dentro de las cárceles de Puerto Rico, luego que el Tribunal federal en Puerto Rico concedió una nueva extensión de los términos judiciales.

La jueza federa de distrito Silvia L. Carreño Coll emitió la orden el viernes en respuesta a una solicitud de la Fiscalía federal para extender el plazo que vencía el 9 de octubre.

“Por la presente, el tribunal establece el 2 de diciembre de 2026 como fecha límite para presentar mociones relacionadas con el cambio de alegación o mociones informativas. Se suspende el cómputo de los términos establecidos por la Ley de Juicio Rápido, en aras de la justicia, hasta la fecha límite fijada para la presentación de las mociones de cambio de alegación o de las mociones informativas”, indicó Carreño Coll.

En su determinación, la jueza consignó que el tiempo adicional que necesitan los acusados para examinar la evidencia y negociar posibles acuerdos de culpabilidad tiene mayor peso que el interés de las partes y de la comunidad en que el juicio se celebre con prontitud.

“El Tribunal determina que la necesidad de los acusados de revisar el descubrimiento de prueba y participar en conversaciones para alcanzar acuerdos de culpabilidad prevalece sobre el interés de los acusados y de la comunidad en la celebración de un juicio rápido”, concluyó.

La Fiscalía federal solicitó una prórroga de al menos 30 días para que los acusados pudieran recibir y examinar documentos en poder del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Según la moción presentada el 9 de octubre, los fiscales recibieron parte de los documentos solicitados, incluidos expedientes disciplinarios de los confinados y registros de ubicación mientras estuvieron bajo custodia de la agencia.

El gobierno indicó que trabajaba en la preparación de ese material para ponerlo a disposición de las partes. También señaló que varios abogados defensores solicitaron directamente expedientes al DCR como parte de su evaluación del caso.

La Fiscalía federal sostuvo que los acusados necesitaban examinar esos documentos para determinar cómo proceder, ya fuera mediante un acuerdo de culpabilidad o a través de un juicio.

En esta etapa, son 24 acusados que están en proceso de decidir si se declaran culpables o si continúan hacia el juicio.

Además de Medina Cardona, la orden cobija a Juan Carlos Ortiz Vázquez, Elías Martínez Rivera, José Luis Audain Rodríguez, Moisés Mojica Torres, Ernesto Malavé Santiago, Jim Almodóvar Quirindongo, Ángel Abdiel Archilla Montalvo, Ernesto Vargas Rodríguez, Eddiber Pérez Burgos, Abraham Rodríguez Cruz, Alexander Alvarado Alméstica, Félix Serrano Román, Heriberto Romero Corchado, James Santana González, Julio Vargas Jiménez, Kervin López Torres, Kevin Hernández Ruiz, Miguel González Concepción, Luis Meléndez García, Aníbal Ramírez Alicea, Benny Rodríguez Mercado, Christian Candelario Feliciano y Wesley Correa López.

En total, las autoridadess federales acusaron a 34 personas, en 2024, en el caso federal relacionado con el presunto trasiego de sustancias controladas en instituciones correccionales de Puerto Rico. La investigación está vinculada a la organización carcelaria conocida como Grupo 31 o Los Tiburones.

Según las autoridades federales, los imputados presuntamente conspiraron para introducir y distribuir drogas en varias cárceles del país. Entre las sustancias mencionadas en el caso figuran fentanilo, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética.

La acusación sostiene que se utilizaban distintos métodos para introducir las sustancias a las instituciones, incluidos drones, correspondencia y visitas. También se alega que algunos paquetes eran lanzados hacia los patios de las cárceles y que las drogas se ocultaban dentro de artículos de uso cotidiano.

Las imputaciones federales son independientes del caso estatal por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, por el que Medina Cardona cumple una sentencia de 129 años de prisión.

Medina Cardona fue declarado culpable en octubre de 2021 por el asesinato de Mercado Ríos, ocurrido el 18 de agosto de 2019 en el área de Villa Marina, en Fajardo. Los hechos se produjeron durante una disputa relacionada con un teléfono celular.

En enero de 2022, recibió una sentencia de 129 años de prisión por ese crimen.

Posteriormente, en diciembre de 2024, fue incluido en la acusación federal relacionada con el presunto tráfico de drogas en las instituciones correccionales. En enero de 2025, hizo alegación de no culpabilidad en ese caso.

Desde entonces, el proceso federal ha incluido solicitudes de prórroga, controversias sobre el descubrimiento de prueba y gestiones de las defensas para inspeccionar instituciones correccionales que, según la Fiscalía federal, estuvieron vinculadas al presunto esquema.

Sobre la organización, el entonces jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, afirmó durante la conferencia de prensa posterior al operativo que culminó con múltiples arrestos el 17 de diciembre de 2024, que “el Grupo 31 se estableció y mantuvo el control de la distribución significativa en numerosas instituciones del DCR”. Entre las cárceles mencionadas figuraron Guerrero, en Aguadilla; Las Cucharas, en Ponce; Bayamón 501; y Guayama Máxima Seguridad 1000.

“El Grupo 31 se creó formalmente en 1998″, apuntó el exfiscal. “Según los documentos de la cooperación, su objetivo principal era establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”, puntualizó.