El caso contra Jensen Medina Cardona y otros coacusados tuvo una nueva vista de estatus en la que el Tribunal federal atendió asuntos relacionados con el descubrimiento de prueba, posibles acuerdos de culpabilidad y una solicitud de la defensa para inspeccionar instituciones correccionales.

La minuta de la vista celebrada el 3 de septiembre reveló que la Fiscalía federal informó que continúa trabajando para producir parte de la evidencia solicitada por los abogados de defensa mediante el proceso de descubrimiento de prueba.

“El gobierno informó al Tribunal que está trabajando estrechamente con la agencia investigadora para producir algunas de las solicitudes de descubrimiento de prueba que ha recibido”, indicó el tribunal en la minuta.

En la audiencia, además, las partes expusieron sus posiciones sobre una moción conjunta presentada por varios coacusados para realizar inspecciones en las cuatro instituciones correccionales del país que, según el gobierno federal, estuvieron vinculadas al presunto esquema de distribución y venta de drogas.

La Fiscalía federal alega que presuntos miembros de la ganga carcelaria conocida como el Grupo 31 conspiraron para poseer y distribuir drogas en los complejos Guerrero en Aguadilla, Las Cucharas en Ponce, Bayamón 501 y Guayama 1000. Sin embargo, la defensa rechazó la acusación.

Además de Medina Cardona, entre los coacusados figuran Juan Carlos Ortiz Vázquez, Elías Martínez Rivera, José Luis Audain Rodríguez, Moisés Mojica Torres, Ernesto Malavé Santiago, Jim Almodóvar Quirindongo, Ernesto Vargas Rodríguez, Eddiber Pérez Burgos, Abraham Rodríguez Cruz, Alexander Alvarado Alméstica, Edwin Sánchez Ríos, Félix Serrano Román, James Santana González, Julio Vargas Jiménez, Kevin Hernández Ruiz, Miguel González Concepción, Aníbal Ramírez Alicea, Christian Candelario Feliciano y Wesley Correa López, según la minuta registrada.

Tras escuchar los planteamientos de las partes, la jueza de distrito Silvia Carreño Coll dejó en suspenso la solicitud de inspección. Además, denegó una moción ex parte cuyo contenido se desconoce, debido a que el documento está restringido.

“Luego de escuchar a las partes, el Tribunal denegó la moción ex parte y dejó en suspenso la moción conjunta presentada″, indicó el tribunal en la minuta, la cual reveló que se concedió un término de diez días para que la defensa presente un escrito al respecto.

Otro de los asuntos que quedó sobre la mesa fue la posibilidad de que algunos de los acusados cambien su alegación. Carreño Coll concedió a las partes 30 días adicionales, hasta el 9 de octubre, para presentar mociones de cambio de alegación o mociones informativas, según la moción en el expediente.

La orden estableció que cualquier moción de cambio de alegación deberá incluir tres fechas alternativas en las partes estarán disponibles. Esto abre la puerta a que, durante las próximas semanas, algunos de los acusados puedan informar al tribunal si pretenden modificar su postura en el proceso.

De otro lado, Carreño Coll también determinó que el término relacionado con el derecho a un juicio rápido quedó suspendido para todos los acusados.

Según la determinación judicial, la necesidad de que los acusados tengan tiempo para revisar la evidencia y participar en conversaciones sobre posibles acuerdos de culpabilidad supera, en esta etapa, el interés de los acusados y de la comunidad en que el caso avance hacia un juicio de manera acelerada.

La determinación no significa que el caso haya concluido, ni que se hayan alcanzado acuerdos de culpabilidad. El proceso continuará mientras las partes revisan la evidencia y definen sus próximos pasos.

Medina Cardona y otros 33 coacusados figuran en el caso federal relacionado con una presunta operación de distribución de sustancias controladas dentro del sistema correccional de Puerto Rico.

La acusación planteó alegaciones sobre el ingreso y distribución de drogas en instituciones penitenciarias. Medina Cardona cumple, además, una sentencia de 129 años por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, ocurrido en 2019 en Fajardo.