La controversia en el caso federal que involucra a Jensen Medina Cardona y otros coacusados ha escalado a una nueva fase, ahora centrada en la petición de inspeccionar las instituciones correccionales donde la Fiscalía alega que se ejecutó una conspiración para el contrabando de drogas.

En resumen, la defensa de 18 de los 34 coacusados radicó una moción ante el Tribunal federal en el que sostiene que el caso del gobierno fue construido alrededor de esas instalaciones, por lo que necesitan inspeccionarlas para prepararse adecuadamente para el juicio ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.

“El gobierno construyó este caso alrededor de cuatro instituciones correccionales; las nombró en la acusación, alegó que la conspiración operaba dentro de sus muros y más allá, y ahora solicita a este Tribunal que impida a los abogados defensores inspeccionarlas y estudiarlas. Esa posición es insostenible”, resaltaron los abogados de defensa en la moción conjunta radicada el viernes.

El escrito surgió en momentos en que se aproxima la vista del 9 de julio, en la que se atenderá en sus méritos la solicitud presentada por 18 de los 34 presuntos miembros de la ganga carcelaria conocida como el Grupo 31, acusados de conspirar para poseer y distribuir sustancias controladas en las cárceles, según un pliego radicado en diciembre de 2024.

Además de Medina Cardona -convicto estatal por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, ocurrido en el 2019-, la petición la completan Juan Carlos Ortíz Vázquez, Elías Martínez Rivera, José Luis Audaín Rodríguez, Moises Mojica Torres, Ernesto Malavé Santiago, Jim Almodóvar Quirindongo, Ernesto Vergas Rodríguez, Abraham Rodríguez Cruz, Alexander Alvarado Almestic, Edwin Sánchez Rijos, Félix Serrano Román, Harry Acevedo Méndez, James Santana González, Kevin Hernández Ruiz, Miguel González Concepción, Anibal Ramírez Alicea y Christian Candelario Feliciano.

Para los abogados de los coacusados, las instituciones correccionales no son un elemento aislado en el caso, sino que se convirtieron en el escenario mismo de los hechos. Argumentaron que la teoría de la Fiscalía federal parte, precisamente, de que la supuesta conspiración era dentro de las prisiones.

En su escrito, enfatizaron que no es posible evaluar esa teoría sin entender el funcionamiento real de las instituciones correccionales Guerrero, en Aguadilla; Las Cucharas, en Ponce; Bayamón 501; y Guayama 1000, incluyendo sus dinámicas internas, los movimientos de los confinados y las barreras físicas impuestas.

Asimismo, plantearon preguntas que, aseguran, solo pueden responderse desde la observación directa: cómo se mueven los confinados, si pueden comunicarse entre módulos y qué limitaciones reales imponen los sistemas de seguridad. Señalaron que la Fiscalía tuvo acceso a las prisiones y que ellos están en desventaja.

Uno de los puntos más técnicos -pero cruciales- del enfrentamiento es el estándar de “materialidad” bajo la Regla 16 de procedimiento criminal, que es una forma de decidir si algo que pide la defensa realmente importa para preparar el caso o si es solo una curiosidad o una solicitud “general”.

No obstante, la defensa rechazó la posición del gobierno federal de que la solicitud no cumple ese estándar. “No es suficiente que lo solicitado guarde alguna relación lógica abstracta con los asuntos del caso”, indicaron los abogados, quien mencionaron que la inspección podría cambiar completamente el caso.

La defensa de los coacusados insistió en que han solicitado elementos concretos como planos de unidades, controles de movimiento y condiciones reales de interacción entre internos, los cuales consideran esenciales para desmontar la narrativa de la Fiscalía.

Uno de los argumentos más fuertes del escrito es que las propias instituciones correccionales constituyen evidencia material del caso. Los abogados sostuvieron que no basta con documentos o descripciones oficiales, y que la única forma de evaluar la teoría del gobierno es observar directamente el entorno físico de las cárceles.

En esa línea, afirman que: “El gobierno ya ha inspeccionado estas instituciones… La defensa tiene derecho a ver lo que el gobierno ya ha visto. Leer descripciones o revisar documentos seleccionados por el gobierno no es suficiente. En este caso, las instituciones mismas son evidencia".

Mientras, la Fiscalía federal se opuso formalmente a que la defensa de los coacusados en el caso inspeccionen las prisiones mencionadas en la supuesta conspiración citando principalmente “preocupaciones de seguridad y control penitenciario”.

“La solicitud de los acusados debe denegarse porque busca inspeccionar lugares que no están “bajo la posesión, custodia o control del gobierno”... Además, también debe rechazarse porque, de concederse, las inspecciones crearían innecesariamente una situación que pone en riesgo la seguridad tanto de los confinados como del personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)“, indicó la Fiscalía federal.

“Finalmente, los acusados no explican por qué la información solicitada es material para la preparación de su defensa ni por qué alternativas menos intrusivas no serían suficientes para obtenerla”, puntualizó.

La defensa responde directamente a ese argumento asegurando que no se trata de un acceso irrestricto, sino de inspecciones reguladas y supervisadas. Incluso proponen condiciones estrictas para cualquier visita, incluyendo identificación de los participantes, supervisión conjunta y prohibición de contacto.