Félix Plaud de Choudens habría abordado el vehículo de William Noel Rivera Sánchez tras un encuentro en Guayama la noche del jueves, en lo que sería la última vez que un amigo lo vio con vida.

Así lo informó a El Nuevo Día el inspector José Torres Ruiz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, tras describir el relato que ofreció a los investigadores el amigo que reportó la desaparición del exactivista estadista.

Según ese testimonio, el amigo se encontraba con Plaud en el establecimiento Tazza D’ Oro, en Guayama. Tras comunicarse por teléfono con Rivera Sánchez, Plaud de Choudens presuntamente se encontró con él en el lugar, abordó su automóvil y se marchó.

“Alegadamente dialogan y aborda el carro de él y se va”, relató Torres Ruiz sobre la información provista por el testigo, quien no volvió a ver a Plaud de Choudens desde ese momento.

El oficial explicó que el encuentro no le pareció extraño al amigo, pues Plaud de Choudens y Rivera Sánchez mantenían comunicación por sus negocios y por la demanda relacionada con sus diferencias económicas.

Posteriormente, el amigo intentó comunicarse con Plaud de Choudens, pero no logró localizarlo.

El director del CIC de Guayama indicó que el amigo entonces presentó la querella de desaparición la mañana del viernes, antes de la publicación de los vídeos en los que Rivera Sánchez se atribuyó su asesinato y el del abogado Luis A. Quiñones González.

El cuerpo de Plaud de Choudens fue localizado el viernes en un pastizal cerca de una gasolinera Total en el barrio Borinquen de Guayama. Quiñones González, por su parte, fue asesinado esa mañana en la avenida Las Américas, en Ponce.

El abogado salió del Tribunal de Ponce y conducía detrás del vehículo de su esposa cuando fue atacado a tiros. Según la Policía, el agresor utilizó dos armas de fuego. La esposa de Quiñones González presenció el ataque por el espejo retrovisor y disparó en dirección al atacante mientras este abandonaba la escena.

Rivera Sánchez, identificado por la Policía como el principal sospechoso de ambos crímenes, luego fue hallado muerto en su apartamento en Santa Isabel, en circunstancias que apuntaban a que se suicidó.

En el apartamento del sospechoso se ocuparon tres armas de fuego para las que poseía licencia. También se recuperó su vehículo, que presentó impactos de proyectil de bala. Las autoridades buscan determinar mediante análisis científicos si esos impactos corresponden a los disparos realizados por la esposa del abogado, y si las armas fueron utilizadas en los asesinatos.

A preguntas sobre si la investigación reveló algún patrón de acecho o amenazas, Torres Ruiz sostuvo que “al momento no ha surgido eso de la investigación”. Precisó, además, que Plaud de Choudens y Rivera Sánchez mantenían comunicación telefónica.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó el viernes que ninguna de las víctimas radicó querellas recientes por amenaza, ni reportado incidentes que apuntaran a que temían por sus vidas.

El oficial resaltó que entrevistan a personas cercanas al lugar y continúan buscando pietaje que permitan corroborar la secuencia de los hechos, indicó Torres Ruiz.

El inspector añadió que los investigadores también examinan las alegaciones de Rivera Sánchez y su relación con el contenido de las demandas.

Los antecedentes de la controversia económica figuran en dos demandas civiles examinadas por El Nuevo Día, relacionadas con inversiones en proyectos de dispensarios de cannabis medicinal.

La primera fue presentada el 14 de febrero de 2025 contra Plaud de Choudens y otros codemandados. Rivera Sánchez alegó haber aportado $100,000 a distintos proyectos comerciales y reclamó la devolución del dinero, además de una indemnización no menor de $500,000 por los daños que sostuvo haber sufrido.

En ese recurso, aseguró que Plaud de Choudens aceptó devolverle sus aportaciones mediante un acuerdo notarizado con pagos mensuales de $10,000, pero que solo había recibido un desembolso, en octubre de 2024.

El 29 de agosto de 2025, el Tribunal de San Juan dictó una sentencia por estipulación, tras un acuerdo entre Rivera Sánchez y Plaud de Choudens. El documento de sentencia examinado por este medio no detalla las condiciones económicas de esa estipulación.

El segundo pleito, presentado el 25 de junio de 2026, incluyó como demandados a Quiñones González, Plaud de Choudens y otras personas y entidades. Rivera Sánchez alegó haber invertido $161,000 en un proyecto para establecer un dispensario en Cupey, sin que se reconociera formalmente la participación que aseguró haber acordado.

En esa demanda solicitó el pago de $166,000, aunque cifró sus inversiones en $161,000 en el cuerpo del recurso, además de una indemnización no menor de $500,000 por angustias mentales.

Según informó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) a El Nuevo Día, esa segunda acción judicial se encontraba en proceso de emplazamiento y la controversia aún no se había atendido en sala.

González indicó el viernes que la Policía verifica el cumplimiento del acuerdo judicial y cualquier circunstancia que pudiera estar relacionada con el posible móvil de los asesinatos.

Las alegaciones contenidas en los pleitos no constituyen determinaciones judiciales de fraude o responsabilidad civil. El superintendente también advirtió que las expresiones de Rivera Sánchez en sus videos no debían interpretarse como hechos corroborados por la Policía.