Promesas de ganancias millonarias, inversiones que no produjeron los resultados esperados y reclamaciones que llegaron hasta los tribunales.

Ese es el panorama que describen dos demandas civiles presentadas por William Noel Rivera Sánchez contra personas y empresas vinculadas a varios dispensarios de cannabis medicinal, incluyendo al abogado Luis A. Quiñones González y al exactivista estadista Félix Plaud de Choudens.

Quiñones González y Plaud de Choudens fueron asesinados el 23 de octubre. Quiñones González falleció mientras recibía asistencia médica en un hospital de Ponce luego de recibir múltiples disparos, mientras que el cuerpo de Plaud de Choudens fue encontrado cerca de una gasolinera en Guayama.

Los documentos judiciales, examinados por El Nuevo Día, revelan los antecedentes de una disputa económica que se remonta a 2021 y que involucró inversiones reclamadas por $100,000 y $161,000 en dos pleitos distintos, así como señalamientos de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

Las reclamaciones adquirieron relevancia luego que Rivera Sánchez publicó un video en las redes sociales en el que se atribuyó el asesinato de Quiñones González, ocurrido en la avenida Las Américas, en Ponce, y que también mató a Plaud de Choudens, quien permanece reportado como desaparecido.

Posteriormente, fuentes de El Nuevo Día confirmaron que el cuerpo de Rivera Sánchez fue encontrado en una residencia en Santa Isabel, mientras las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación.

Las afirmaciones del hombre en la grabación, sin embargo, no constituyen una confirmación de sus alegaciones sobre los hechos violentos, que permanecen bajo investigación.

El primero de los pleitos fue presentado el 14 de febrero de 2025 ante el Tribunal de San Juan contra Plaud de Choudens, su madre, Estrella de Choudens Colón, y la empresa Victory Research & Development, entre otros codemandados.

Según la demanda, la relación comercial comenzó el 2 de octubre de 2021, cuando Rivera Sánchez presuntamente entregó $5,000 a Plaud de Choudens para adquirir participación en un dispensario de cannabis medicinal en Cupey.

Sin embargo, alegó que posteriormente se le indicó que el dinero sería destinado a otro establecimiento en Arroyo, que supuestamente estaba próximo a comenzar operaciones.

“El Demandado también le prometió al Demandante en esa conversación que una vez ese dispensario comenzara a funcionar se convertirían en millonarios porque no había establecimientos similares en la región”, recoge el documento judicial.

Desde ese momento, Rivera Sánchez sostuvo que continuó realizando aportaciones económicas para proyectos comerciales en Arroyo, Guayama y Toa Baja, incluyendo pagos de alquileres atrasados, materiales de construcción, equipos y permisos.

No obstante, sostuvo que enfrentó dificultades para obtener las licencias necesarias para operar algunos negocios y que descubrió que Plaud de Choudens no figuraba como propietario de Victory Research & Development, sino que la empresa pertenecía a su madre.

Asimismo, atribuyó la pérdida de una licencia a la presentación tardía de documentos requeridos por el Departamento de Salud.

Ante esa situación, Rivera Sánchez alegó que fue víctima de fraude y solicitó la devolución de sus aportaciones, que cifró en $100,000.

Según el recurso, Plaud de Choudens aceptó devolverle esa cantidad mediante un acuerdo notarizado que contemplaba pagos mensuales de $10,000. Sin embargo, el demandante sostuvo que únicamente recibió un desembolso, en octubre de 2024.

También aseguró que, para financiar los proyectos, tuvo que vender tres vehículos y un terreno, obtener un préstamo y utilizar $14,000 de su tarjeta de crédito.

En consecuencia, solicitó una indemnización no menor de $500,000 por los daños que alegó haber sufrido.

El 29 de agosto de 2025, el Tribunal de San Juan dictó una sentencia por estipulación judicial, luego que Rivera Sánchez y Plaud de Choudens alcanzaran un acuerdo mediante sus respectivas representaciones legales.

La determinación, emitida por la jueza Katarina Stipec Rubio, acogió la estipulación presentada por ambas partes e incorporó sus términos a la sentencia.

El tribunal también dispuso el archivo del caso, por desistimiento sin perjuicio, respecto a los demás codemandados.

Sin embargo, el documento de sentencia examinado por este medio no incluye el contenido de la estipulación, por lo que se desconocen las condiciones económicas alcanzadas.

El 25 de junio de 2026, Rivera Sánchez presentó otra demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, esta vez contra Quiñones González, Plaud de Choudens y otras personas y entidades comerciales, en la que alegó haber invertido $161,000 en un proyecto para establecer un dispensario de cannabis medicinal en Cupey.

Según el recurso, las conversaciones comenzaron a mediados de 2021, cuando el demandante se reunió con Quiñones González, quien presuntamente le explicó que estaba asociado con Plaud de Choudens en negocios relacionados con el cannabis medicinal.

Ambos le habrían presentado una propuesta para adquirir participación en un establecimiento vinculado a las empresas Diamante Verde, LLC., y Cupey Wellness, LLC.

Rivera Sánchez alegó que acordó aportar $125,000 para obtener una participación de 24.5% en el negocio y que, el 21 de agosto de 2021, entregó $10,000 en efectivo a Quiñones González como adelanto.

Según la demanda, completó los $125,000 en 2023 y destinó otros $36,000 al pago de alquileres, compra de equipos y mejoras del establecimiento.

Sin embargo, sostuvo que los demandados no realizaron las gestiones necesarias para reconocer formalmente su participación en el negocio.

Aunque en septiembre de 2024 se firmó un contrato entre dos de las empresas vinculadas al proyecto, Rivera Sánchez sostuvo que el documento no establecía su participación individual en el negocio, pese a las promesas que alegó haber recibido.

El demandante también describió dificultades económicas y emocionales que atribuyó a la controversia.

En esta segunda acción judicial, solicitó el pago de $166,000 —aunque en el cuerpo de la demanda cifró sus inversiones en $161,000—, además de una indemnización no menor de $500,000 por angustias mentales.

Según indicó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) a El Nuevo Día, esta segunda demanda se encontraba en proceso de emplazamiento, por lo que la controversia no se había atendido aún en sala.

Los señalamientos contenidos en ambos pleitos coinciden en varios aspectos con las expresiones que Rivera Sánchez realizó este viernes en un video difundido en las redes sociales, en el que atribuyó sus pérdidas económicas a las inversiones en dispensarios de cannabis medicinal.

En la grabación, el hombre responsabilizó a Quiñones González y a Plaud de Choudens por presuntos incumplimientos comerciales y sostuvo que había acudido a los tribunales para recuperar su dinero, sin obtener los resultados esperados.

No obstante, las alegaciones contenidas en las demandas no constituyen determinaciones judiciales de fraude o responsabilidad civil, ni establecen por sí solas una relación entre las controversias económicas y los hechos violentos bajo investigación.