El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, junto al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, expuso este martes los retos energéticos que enfrentan pacientes, así como centros de servicios de salud comunitarios para operar, y que, advirtió, se exacerbarían de no lograrse un acuerdo para al menos reautorizar los fondos vigentes para el programa Medicaid en Puerto Rico.

Los congresistas participaron en una mesa redonda con proveedores de salud, administradores y líderes comunitarios, en el centro HealthproMed, en Barrio Obrero, con el fin de ilustrar los problemas que enfrentan los puertorriqueños que, día a día, necesitan de servicios de salud para subsistir.

“Discutimos con una de las pacientes el reto que enfrenta para la cobertura de un dispositivo médico y de las baterías que usa porque es el dispositivo que usa cuando se va la luz... Le enfatizamos a (Jeffries) que eso no es un problema que enfrentan en los Estados Unidos, y los que trabajan en la administración del fondo de Medicaid, tal vez, no piensan que en Puerto Rico tenemos el ‘issue’ de la luz y que tenemos que proveer servicios para que la gente se prepare por si se va la luz”, expuso Hernández Rivera, en una conferencia de prensa.

La directora ejecutiva de HealthproMed, Ivonne Rivera, confirmó que ese centro comunal se encuentra en una zona propensa a fallas en el servicio eléctrico. Para combatir esa situación, dependen de generadores “casi industriales”, para los que deben presupuestar fondos que incluyan su mantenimiento y abastecimiento de combustible diésel.

“Tenemos la responsabilidad de estar abiertos, no importa la situación, y eso nos provoca un alza en los costos operacionales. Esto nos coloca en la necesidad directa de recibir una paridad, una igualdad en los fondos Medicaid y de tener una seguridad que esto no va a ser cíclico, y tenemos que prepararnos para volver a hacer la abogacía para recibir estos fondos”, aseveró Rivera.

En cuanto a los centros en Vieques y Culebra, el comisionado residente mencionó que, aunque durante la presidencia de Joe Biden se aprobaron fondos para instalar un sistema de energía solar que los mantuviese en funcionamiento si falta el servicio de energía, “esta administración presidencial de (Donald) Trump desvió esos fondos hacia otros usos de energía, cancelando proyectos que beneficiaban a muchos centros y usando partes de esos fondos para la construcción de un gasoducto en el área norte”.

Al respecto, el zar de Energía, Josué Colón, dijo a este medio en una entrevista reciente que consideraba improbable que el Departamento de Energía federal reconsiderara la reasignación de cerca de $365 millones que habían sido dirigidos para dotar de paneles solares a centros comunitarios y complejos de vivienda pública.

Hernández Rivera aseguró sentirse optimista de que el Congreso aprobará nuevos fondos para Medicaid, ante el hecho de que al terminar septiembre de 2027 vencerían cerca de $3,700 millones de los $4,200 millones que recibe Puerto Rico anualmente y se reduciría de 76% a 55% el pareo federal -FMAP, por sus siglas en inglés-, por servicios del programa.

“Al traer al líder (Jeffries) para conocer de primera mano los problemas que enfrentamos, estoy aún más optimista que antes”, añadió el comisionado.

A su vez, Jeffries dijo que la aprobación de los fondos de Medicaid es de alta prioridad para los demócratas de la Cámara baja y que, de no lograrlos con los republicanos de mayoría en el Congreso, lo lograrían en el inicio del próximo año cuando los demócratas esperan encontrarse en mayoría de prevalecer en las elecciones de medio término en noviembre.

“Reconocemos la importancia de asegurarnos que hay un nivel de justicia en relación a los fondos de Medicaid que, por mucho tiempo, fue denegado a las personas de Puerto Rico. Tenemos que hacer más pero, en lo mínimo, nos aseguraremos que haya una extensión de los fondos de Medicaid”, expresó Jeffries.

Los llamados centros 330 son organizaciones sin fines de lucro instituidos por la sección 330 de la Ley Federal de Salud Pública y financiados por fondos de Medicaid que proveen servicios de salud para personas que no cuentan con planes médicos o de escasos recursos.

Hernández Rivera, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón, lideran esfuerzos en conjunto para reclamar ante el Congreso de los Estados Unidos un aumento anual de un 5% en las asignaciones de Medicaid con un pareo federal permanente del 83% por el costo de los servicios del programa.