Ante el inminente racionamiento y las múltiples controversias en torno a la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, insistió este martes en que el presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, debe salir de su puesto.

Mientras, Hernández Rivera afirmó que, desde la capital federal, apoyará la declaración de emergencia solicitada por la gobernadora Jenniffer González ante la sequía que enfrenta la isla.

“El directivo se tenía que ir hace tiempo cuando surgieron problemas con el agua que no tenían nada que ver con la sequía, sino por mala gerencia y falta de mantenimiento en la infraestructura. Ahora mismo, lo que la gente más quiere es que se le resuelva el problema”, sostuvo el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), en conferencia de prensa.

Hernández Rivera opinó que los problemas gerenciales y de cambios en personal dentro de la estructura organizacional de la AAA han afectado el servicio desde hace meses.

Precisamente, cientos de personas protestaron durante la mañana del martes para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses con el servicio de agua potable en sectores de San Juan y Loíza.

“A corto plazo, lo más que se puede resolver son las cuestiones de mala gerencia. A mediano y largo plazo, son las cuestiones de infraestructura. Como comisionado residente, le he dado mucha importancia al tema del agua”, sostuvo el funcionario federal.

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la AAA comentó que el debate sobre su presidencia no abona “a que haya una gota más en el sistema” y señaló que el enfoque debe ser presentar soluciones.

“Yo no me enfoco en eso. Siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que son las políticas de cambio, las propuestas de cambio, nuestro plan de trabajo, y lo hemos observado no solamente con esta presidencia, sino con presidentes anteriores. (A) todos los presidentes siempre le han buscado un asunto que, lamentablemente, se lo han identificado y le han pedido la renuncia”, indicó.

“El tiempo y los resultados son los que van a hablar por uno”, abundó González Delgado.

En tanto, el comisionado residente destacó que su oficina logró la autorización de $75 millones para apoyar proyectos de agua potable y alcantarillado en Puerto Rico a través de la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos de 2026 (H.R. 9497 - Water Resources Development Act of 2026), que fue avalada por el Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal.

La medida se aprobó en el Comité unánimemente y se espera que al regreso del receso de agosto ambos cuerpos la aprueben para que pase a la firma del presidente Donald Trump en o antes del 30 de septiembre.

“Hay unos proyectos específicos como fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para proteger plantas de tratamiento y $27.4 millones del programa federal del ‘Drinking Water State Involving Fund’ (de la Agencia federal de Protección Ambiental) para identificar y reemplazar tuberías de plomo”, enfatizó el comisionado.

A su regreso a Washington D.C., anticipó que hará “gestiones en respaldo a la solicitud de la declaración de emergencia” por la crisis de agua, pero reconoció que habrá múltiples interrupciones en los trabajos congresionales.

“La realidad es que el Congreso está fuera de sesión todo el mes de agosto y, luego, volvería dos semanas en septiembre y vuelve a recesar en octubre por las elecciones de medio término. La responsabilidad principal recae sobre el gobierno central”, apuntó.

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Richard I. Colón Badillo colaboró con esta historia.